CASO ERE ANDALUCIA
Llamada a capítulo a los acusados por hacer gestos en el juicio del caso ERE
El exdirector de Presupuestos afirma que «no hizo informes de legalidad» sobre las ampliaciones de dinero para pagar las ayudas
El presidente del tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el sistema de ayudas irregulares del caso ERE ha reprendido este martes a los acusados por «hacer gestos de aprobación o desaprobación» cuando el exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano estaba siendo interrogado por el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra acerca del mecanismo empleado para pagar las subvenciones a prejubilados y empresas en crisis.
Juan Antonio Calle Peña, ponente de la sala, ha llamado a capítulo a quienes se sientan en el banquillo de los acusados y ha destacado que hacer cualquier tipo de mohín durante la celebración de la vista «está prohibido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
Lozano pidió perdón ante la llamada de atención del tribunal. Pero el presidente de la sala aclaró que no se refería a él sino que «va por los acusados que hacen gestos de aprobación y desaprobación» durante su declaración.
La reprimenda se produjo en el momento en el que el fiscal preguntaba a Lozano sobre su gestión como director general de Planificación de la Junta (1997/2002) y director general de Presupuestos (2002/2009). El ex alto cargo respondió que el uso del sistema de las transferencias de financiación para el programa presupuestario de los ERE venía predeterminado por el «órgano gestor», que era la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo.
El exdirector de Presupuestos ha argumentado que su función se limitaba a comprobar que estaban «los trámites preceptivos» de las modificaciones presupuestarias para ampliar la dotación económica de la partida 31L, que se empleaba para financiar las ayudas de los ERE. «No hacemos informes de legalidad» sobre las modificaciones presupuestarias.
Lozano recordó, a preguntas de la Fiscalía, que durante la etapa en que estuvo al frente de la Dirección General de Presupuestos (desde abril de 2002 hasta abril de 2009) se aprobaron por el Consejo de Gobierno unas 10.000 . Fueron 1.250 al año, pero sólo diez o doce estuvieron relacionadas con el programa presupuestario 31L, con el que se pagaban las ayudas sociolaborales por parte del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o IDEA a través de transferencias de financiación desde la Consejería de Empleo.
Traslado de fondos
A preguntas de su abogado, José María Mohedano , Lozano ha querido dejar claro que no se encargaba ni de la ejecución de la cuestionada partida de los ERE, que correspondía al «órgano gestor», en este caso la Dirección General de Trabajo. También indicó que el control era competencia de la Intervención de la Junta.
Respecto a las modificaciones presupuestarias, el ex director de Presupuestos explicó que es «un traslado de fondos, no una ampliación presupuestaria» , dentro de la propia consejería. Dichas modificaciones presupuestarias eran aprobadas por el Consejo de Gobierno y mientras que el Parlamento andaluz podía realizar enmiendas.
El exdirector de Presupuestos reconoció que tuvo conocimiento por «alguien» de la Intervención de que se había producido un déficit en la financiación en la partida de los ERE y que esta cuestión se solucionó posteriormente. Aseguró que, tras conocer la existencia de un «desfase presupuestario», se hizo una retención y luego «se levantó». La Dirección General de Presupuestos no era la destinataria de los informes de control.
Cuestionado por el fiscal Manuel Fernández Guerra, Lozano insistió en que no estuvo en la reunión a la que asistieron el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barbera en 2005 para abordar ese déficit, según declaró el primero ante la juez María Núñez Bolaños en octubre de 2015 , donde también incluyó al ex director general de Presupuestos. Sin embargo, en la declaración en la vista oral Guerrero rectificó y dijo que Lozano no estuvo.
Lozano recalcó una y otra vez que las consejerías eran las responsables y competentes del reparto de los recursos asignados en los presupuestos anualmente para su distribución entre sus centros de gestión y prioridades de actuación. Sobre el programa presupuestario 31L de administración de las relaciones laborales y su ejecución, Lozano dijo que la Dirección General de Presupuestos «no hacía seguimiento del gasto, competencia de la Consejería de Empleo».
