La Junta recauda pero no invierte en depuradoras

La gestión que hace la Junta de Andalucía del canon del agua continúa estando en entredicho. A las obras prometidas y no ejecutadas se une el elevado montante económico que está disponible para ejecutar pero que permanece guardado en un cajón. Porque este canon del agua es un impuesto especial que se cobra de manera obligatoria a todos los usuarios a través de las facturas mensuales de las respectivas compañías suministradoras y sólo se puede gastar en infraestructuras hidráulicas, sin que esté permitida su inversión más que en saneamiento y equipamiento para la depuración de las aguas residuales.

La Junta de Andalucía ha recaudado desde el año 2011 hasta 2015 un total de 323.729.511 euros según consta en los dos programas de información contable de la administración (denominados Júpiter y Giro) que los fiscaliza a ejercicios cerrados.

Es decir, que son cifras definitivas. Esta recaudación ha ido aumentando progresivamente año a año. En 2011, este canon del agua que se recaudaba era de sólo 4 millones de euros que aumentaron en 50 millones en el ejercicio siguiente. En 2013, los andaluces pagaron más de 74 millones de euros por este impuesto; 88,5 en el ejercicio 2014 y más de cien millones de euros en 2015.

Esto pone de manifiesto que la tasa ha ido subiendo progresivamente en los últimos años con el objetivo de cumplir con los requisitos de depuración que establece la Unión Europea. Sin embargo, de este dinero tan sólo se ha gastado un 44%, según también los propios datos de la administración andaluza que asegura, en su defensa, que tiene obras programadas hasta el año 2018, cuando terminará de gastar la mayor parte de los fondos disponibles que, mientras tanto, no se pueden utilizar para ninguna otra cosa.

La Consejería de Medio Ambiente afirma que ha invertido 143,6 millones de euros en obras que ya están ejecutadas, una cantidad a la que hay que sumar otros 128 millones de euros que se han financiado con cargo a fondos certificados por la UE. El resto de los fondos disponibles —exactamente 128,7 millones de euros— están «comprometidos» según el lenguaje administrativo y contable de la Junta lo que supone que ya están asignados a proyectos concretos de construcción de depuradoras y mejora de las conducciones de abastecimiento.

Desfase de 51 millones

Estos compromisos se extienden hasta 2018, que será cuando se terminen de gastar los fondos disponibles en la actualidad. La propia consejería de Medio Ambiente admite que hay un desfase de 51 millones de euros entre el dinero recaudado y la inversión, pagada y prometida, por lo que reconoce que se podrían mejorar los procesos de gestión aunque niega la indolencia al respecto que denuncia el PP.

Sin embargo, hay muchos aspectos a tener en cuenta en lo que a compromisos de la Junta se refiere en materia de depuración de aguas. El Gobierno andaluz asegura que, actualmente, el 85% de la población andaluza dispone de infraestructuras para depurar aguas residuales, lo que significa que hay un 15% que todavía no dispone de estos suministros básicos.

El problema está sobre todo en pueblos pequeños y en núcleos de población dispersos que han ido creciendo de manera desordenada sin planificación urbanística ni infraestructuras básicas. Sobre todo teniendo en cuenta que el servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración son competencias exclusivamente municipales.

Claro que la Junta tiene la competencia de auxiliar a los ayuntamientos en la construcción de infraestructuras, igual que la administración general del Estado, que también tiene su parte alícuota. En el año 2010, el Consejo de Gobierno aprobó la inversión de 400 millones de euros en 573 obras de infraestructuras de las que sólo se han comenzado 181, quedando el resto pendientes.

A pesar de estas obras iniciadas al menos en su fase de proyecto, son son muchos los frentes que se abren a la Junta de Andalucía. Los alcaldes piden a la administración que cumpla con los compromisos del año 2010, que ya entonces eran urgentes y siguen a la espera. Es cierto también que estas depuradoras pendientes se convierten en uno de los principales elementos de confrontación política ya que los ciudadanos pagan sus impuestos en tiempo y forma pero no reciben el servicio correspondiente.

A la complejidad de la burocracia y de las competencias de las administraciones hay que añadir la propia de los proyectos de depuración que tienen una lenta tramitación.