EN LA ADMINISTRACIÓN PARALELA
La Junta de Andalucía ha pagado 80 millones de euros por despidos desde 2016
Sólo hay constancia de los abonos pero el SAE no ha sido capaz de desentrañar ni el número de trabajadores ni los motivos del ajustes
La Junta de Andalucía ha pagado despidos por valor de 80,13 millones de euros durante los años 2016, 2017 y 2018 , unas indemnizaciones que se han abonado, además, obligadas por los tribunales. Los despedidos han sido, todos, trabajadores de la administración paralela, de los entes instrumentales, según consta en la información oficial de la Consejería de Hacienda a la que ha tenido acceso ABC.
Son datos que prueban, entre otras cosas, que el Gobierno socialista sí ha despedido a empleados públicos y que, además, lo ha hecho en varias ocasiones puesto que hay sentencias firmes que así lo confirman. En el año 2016 se abonaron despidos por 55,49 millones de euros; en 2017, los pagos fueron de 17,32 millones de euros, mientras que en 2018 se abonaron 7,32 millones de euros en concepto de despidos a los trabajadores. Un total de 80,13 millones de euros.
Sin embargo hay muchos datos oscuros en todo este proceso . Porque el actual Gobierno andaluz no sabe ni a cuántos trabajadores se ha despedido, ni por qué motivo se ha producido esta salida de estos empleados públicos. Tampoco por qué no se llegó a un acuerdo laboral con los mismos y se tuvo que ir hasta los tribunales que, finalmente, han condenado a la administración andaluza. Esta información debería estar en poder del Servicio Andaluz de Empleo, SAE, que ha sido la entidad encargada de estos despidos, si bien los responsables del mismo no han sido capaces de desentrañar los datos de estos procesos que han afectado a trabajadores públicos.
Lo que sí está comprobado es que los despedidos eran trabajadores de los entidades de la administración paralela: las Unidades territoriales de empleo, desarrollo local y tecnológico —las conocidas como Utedlt— y del Consorcio Formade destinado a la formación . Y ahí está, tal vez, la clave de tanta oscuridad en estos despidos porque ambos entes instrumentales han estado en el punto de mira de la Guardia Civil y la Polícia Nacional que han investigado los fraudes en la Consejería de Empleo vinculados al caso ERE.
Es decir, que los anteriores gobiernos andaluces han despedido a trabajadores de la administración paralela que habían entrado en el entramado empresarial de la Junta de una manera, cuanto menos dudosa. Y que han salido del mismo tras interponer denuncias en los tribunales y ganar los procesos.
Unidades municipales
El Gobierno de Manuel Chaves , con la complicidad de UGT y CCOO, creó en el año 2002 las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), organismos municipales pensados para dinamizar la economía andaluza y fomentar la innovación en los municipios. Para ello, contrató a 740 trabajadores que, según sospecha la UDEF (Policía Nacional), eran socialistas seleccionados a dedo, lo que supuso un coste injustificado de 57,3 millones de euros a las arcas públicas . Un dinero al que hay que sumar el gasto de los más de 80 millones de euros que costaron esos despidos.
La Cámara de Cuentas descubre y expone en un informe que es público que la Fundación Andalucía Emprende había incorporado en 2009 a los 764 empleados de estas Utedlt a pesar de que «no queda constancia documental que acredite el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el momento del acceso al sector público andaluz». En 2010, se produce una reordenación del sector público andaluz y se extinguen estas unidades. El siguiente hito es el pago de las indemnizaciones por despido a los trabajadores, si bien no ha quedado claro si estas personas siguen trabajando en la Fundación Andalucía Emprende, en el SAE o si, realmente, ya no tienen vinculación alguna con la administración pública.
Consorcio Formade
Un caso similar sucede con la otra entidad de la administración paralela en la que se han pagado despidos de trabajadores. Se trata del Consorcio Centro de Formación Medioambiental y Desarrollo Sostenible (Formade) que se creó —curiosamente también en el año 2002— dentro de un entramado de 14 consorcios dedicados a impartir cursos de formación profesional ocupacional que estaban controlados por la Junta y en los que ésta tenía una participación mayoritaria.
Su financiación se sustentaba, principalmente, en una subvención de concurrencia no competitiva convocada anualmente por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), hasta que el Consejo de Gobierno, rodeado por sospechas de fraude, decide extinguirlos en 2014.
También en este caso, el SAE no ha sido capaz de poner negro sobre blanco cuántos trabajadores fueron despedidos o cuánto dinero se ha pagado por los despidos a pesar de la reiterada petición de información que ha realizado el Gobierno andaluz.
La única información que sí ha trascendido es que, de los 80 millones de euros pagados en indemnizaciones por despidos, la Consejería de Empleo ha abonado 672.000 euros a los extrabajadores del Consorcio Formades, y 23.631 euros a los de las Utedlt, una cantidad testimonial que tampoco se sabe por qué llegó hasta la consejería y no se abonó por parte del SAE como el grueso de estas indemnizaciones.
