CORRUPCIÓN
La juez Núñez reactiva ahora el caso que cuadruplica en cuantía a los ERE, bloqueado durante años
María Núñez reclama a la Junta los papeles de la causa de las transferencias de financiación a la Agencia IDEA
El caso Transferencias de Financiación encarna como pocos el marasmo en el que están sumidas algunas investigaciones judiciales de supuesta corrupción en la Junta de Andalucía. El juez Álvaro Martín abrió estas diligencias previas en mayo de 2016 para averiguar si otras consejerías utilizaron durante doce años (2000-2011) el mismo sistema fraudulento del caso ERE para nutrir de fondos a la agencia IDEA —un ente público de la denominada «administración paralela»— y saltarse así los controles de la Intervención General a la hora de pagar subvenciones y ordenar pagos a terceros.
Tras la marcha de su juez de apoyo en diciembre de 2016, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla e instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños , se hizo cargo de esta causa, que entró en un largo letargo. Durante año y medio, tanto la Fiscalía como la acusación popular ejercida por el PP andaluz pidieron a la magistrada que reactivara el caso solicitando a la Junta de Andalucía la certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital realizadas por las distintas consejerías a la agencia IDEA, desglosadas por anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias entre 2000 y 2011.
Su insistencia no obtuvo recompensa hasta junio de 2018, cuando se apartó temporalmente de esta causa al ser recusada por el PPy la sustituyó otra juez, Pilar Ordóñez . La nueva instructora ordenó en pocos días todas las pesquisas que no había atendido Núñez durante 18 meses.
La juez requiere los papeles a IDEA cuatro días después de que ABC publicara el bloqueo del caso
El pasado noviembre, la Audiencia de Sevilla desestimó la recusación de la juez. El PP planteó que no podía instruir un caso de una agencia de la Junta en la que trabajaba su cuñada , pero la Sección Cuarta de la Audiencia concluyó que su familiar no desempeñaba «ningún cargo de administración o representación relevante» en IDEA. Como consecuencia, el caso Transferencias de Financiación volvió a Núñez.
Un mes antes, el 1 de octubre, la instructora eventual del caso había pedido documentos a la Consejería de Hacienda para indagar en las irregularidades. La documentación entregada por Hacienda confirmó lo que se sospechaba: el importe total de las operaciones usando este instrumento de pago ascendió a 2.915,29 millones en doce años . Eran cuatro veces más que los fondos supuestamente defraudados en el caso ERE (741 millones).
La juez Pilar Ordóñez también le «puso deberes» a la agencia IDEA . Le requirió los expedientes de gastos y pagos tramitados, el organigrama del personal de su dirección de Finanzas y los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Estos papeles nunca llegaron al juzgado. En un escrito enviado a Núñez el pasado 22 de enero, el anterior director de la agencia, Julio Samuel Coca , pretextó que carecía de «medios humanos y técnicos necesarios» para «la recopilación, la preparación y la comprobación de la documentación».
Desde entonces, ningún avance se había producido en esta causa. Como publicó ABC el 22 de abril pasado. Núñez no había vuelto a reclamar los informes y la agencia IDEA siguió sin entregárselos. La nueva Consejería de Economía —a la que está adscrita el ente público— no explicó el porqué de este retraso y, a preguntas de este periódico, se limitó a expresar su « compromiso de máximo respeto y colaboración con el proceso judicial ».
Cuatro días después de que ABC destapara el parón de esta causa (26 de abril), la juez Núñez firma una providencia en la que requiere a la agencia IDEA la documentación pendiente de entrega. «Visto el estado que mantienen las presentes actuaciones», le recuerda «las comunicaciones que se tienen remitidas con fecha del 1 de octubre pasado». Aunque en el encabezamiento de la providencia figura la fecha del 25 de febrero, la juez no habría estampado su firma hasta dos meses después.
El juzgado reclama a la agencia IDEA «un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias», salvo los programas 22E y 31L que ya se investigan en el caso ERE.
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