La Fiscalía pide que la causa de los cursos de formación se declare de especial complejidad

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que la macrocausa de los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía y que se instruye en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla se declare de «especial complejidad», lo que permitiría alargar la instrucción 18 meses más.

En un escrito remitido al juzgado, el fiscal Fernando Soto afirma que esta macrocausa, que empezó a instruir la juez Mercedes Alaya, «cumple todos los requisitos para su declaración de especial complejidad».

El fiscal recuerda que el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal diseña un modelo de plazos de la instrucción que exige el establecimiento por parte de la Fiscalía de unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad,

También subraya que se fija un plazo general de duración de seis meses que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja.

En esta causa, el fiscal considera que se cumplen los requisitos para su declaración de especial complejidad recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre todo cuando se refiere a que la investigación recae sobre grupos u organizaciones criminales, que tenga por objeto numerosos hechos punibles y que incluya a una gran cantidad de investigados o víctimas.

Además, añade el fiscal, en este caso de los cursos de formación se cumple el requisito respecto a las pericias o colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis así como actuaciones en el extranjero.

La petición de la Fiscalía se produjo pocos días antes de que la juez de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, acordara dividir en nueve piezas la «macrocausa» que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta.

Después de que la Fiscalía Anticorrupción le pidiera a la juez dividir el caso en cinco grandes bloques, la magistrada dividió la causa en los entramados empresariales vinculados a Ángel Ojeda Avilés, Pérez González y Velázquez Sierra.

También creó piezas referidas a cuatro de los consorcios creados por la Junta de Andalucía con entes locales -CIOMIJAS, FORMADES, FORMAN y CTI-; la causa que afecta a la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (FAFFE) y, por último, la relativa al Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En el auto se indica la excepción de que la investigación sobre el entramado empresarial vinculado a Ángel Ojeda no debe separarse de la investigación a Delphi, y a la instrucción sobre la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal.

El entramado, según razona la jueza, habría recibido dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo 33,3 millones de euros en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación, a través de las asociaciones controladas por Ojeda, denominadas AEA, HUMANITAS, INNOVA, INTECA y NATURA, otorgadas el 10 de agosto del 2009 y 3 de diciembre del 2010.