CASO ERE ANDALUCÍA
La exinterventora de la Junta rechaza la legalidad de las ayudas por aparecer en los Presupuestos
Rocío Marcos, en su segundo día de declaración como testigo, reitera que no encontraron indicios de menoscabo de fondos públicos
La que fuera interventora general de la Junta de Andalucía entre 2010 y 2012, Rocío Marcos, ha rechazado que el sistema por el que se concedían y pagaban las ayudas investigadas en el caso ERE estuviera avalado legalmente por aparecer en los Presupuestos andaluces.
Marcos ha testificado este miércoles por segundo día consecutivo en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un procedimiento específico con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.
Las defensas sostienen que en los Presupuestos de la Junta aparecía cada año una partida de Empleo destinada a transferencias de financiación al ente público IDEA para ayudas sociolaborales y, por tanto, el sistema era conocido y avalado por una ley que aprobaba el Parlamento.
Sin embargo, a preguntas del abogado Juan Carlos Alférez que representa al exdirector de IDEA Jacinto Cañete, Marcos ha dicho que opina de manera diferente a su antecesor , Manuel Gómez, uno de los acusados en el juicio.
En su opinión, que los Presupuestos aludieran a que esas transferencias de financiación a IDEA correspondían al convenio marco de 2001 que «no estaba publicado en ningún sitio, para un lector normal del Presupuesto no significa nada».
Para Marcos, es probable que quienes conocían el convenio entendieran que el sistema estaba apoyado por los Presupuestos, pero a su juicio no es así pues «que se cite un convenio cuyo contenido no se explicita no permite saber que se está alterando el funcionamiento normal de las transferencias de financiación», es decir, que se están utilizando para un uso distinto al que la ley fija , ya que no se concretaba que las ayudas las daba Empleo y no eran ayudas propias de IDEA.
A preguntas de varias defensas, la testigo ha reiterado como el día anterior que los informes de la Intervención sobre las deficiencias del procedimiento señalaban irregularidades administrativas que «no son delito ni ilegalidades», y que no hallaron «indicios de menoscabo de fondos públicos».
Ni siquiera en el informe adicional al de cumplimiento del control de IDEA de 2005 (sobre el ejercicio de 2003) en el que la Intervención pidió a la Dirección General de Trabajo una veintena de expedientes administrativos para analizar cómo se daban las ayudas y concluyó que se concedían «prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Marcos ha insistido en que «no todos los procedimientos irregulares, que los hay y a veces con irregularidades graves, son menoscabo aunque en este caso probablemente lo había dado que se está pronunciando el Tribunal de Cuentas». En seis sentencias, este tribunal ha reclamado a los exdirectores generales de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez -ambos juzgados en esta causa- y Daniel Rivera la devolución del importe concecido en varias ayudas y embargado bienes.
La testigo ha señalado, a preguntas del abogado José Rebollo que defiende al único interventor sentado en el banquillo, que la Intervención no podía ni ordenar a Empleo suspender la concesión de estas ayudas ni a IDEA que dejara de pagarlas.
Interrogada por la defensa del exconsejero de Empleo José Antonio Viera sobre si dado que IDEA era un ente instrumental de la Junta con competencias para pagar subvenciones los responsables de Empleo podían entender que cabía que abonara sus ayudas con fondos enviados pr transferencias de financiación, Marcos ha dicho que «después de tantos informes de la Intervención al menos cuestionárselo debía habérselo cuestionado».
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