Educación
La educación especial de Andalucía rechaza la «ley Celaá» y teme su desmantelamiento
La norma prevé integrar a los alumnos con discapacidad en centros ordinarios; padres y centros lo ven inviable y creen que se limita el derecho a elegir colegio
Síndrome de Down, Trastornos del Espectro del Autismo (TEA), graves discapacidades motóricas, auditivas o visuales, parálisis cerebral, plurideficiencias... En Andalucía 8.035 alumnos requieren un apoyo educativo específico, adaptado a sus necesidades diversas y casi siempre complejas, bajo el control de médicos, logopedas, psicopedagogos y fisioterapeutas . Sólo los 60 centros de educación especial (16 públicos y 45 concertados) repartidos por toda la geografía andaluza reúnen a un equipo de especialistas tan heterogéneo.
El Proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), denominada popularmente como Ley Celaá, apuesta por traspasar a la mayor parte de los alumnos con discapacidad a las escuelas generales dotándolas de los recursos humanos y materiales necesarios. Los actuales colegios especiales seguirían existiendo pero no como hasta ahora. Se transformarían en «centros de referencia o de apoyo para los centros ordinarios» , destinados únicamente a alumnos que requieran una atención «muy especializada», según reza el texto aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 4 de marzo, que inició su trámite en el Congreso en pleno estado de alarma.
El cambio normativo ha generado una mezcla de desconcierto e inquitud en las familias de los niños que estudian en las escuelas especiales. Han creado una plataforma a favor de los centros de Educación Especial «Inclusiva sí, Especial también», a la que están también adheridas asociaciones de padres y madres, colegios y patronales de enseñanza concertada de Andalucía. Creen que detrás del objetivo deseable de la inclusión social de este alumnado, se oculta un plan del Ministerio de Educación para hacer desaparecer estos centros, en contra de la voluntad de los padres. Las familias no están en contra de la escolarización inclusiva, todo lo contrario, pero defienden que los centros de educación especial dan una atención más personalizada a las necesidades de niños con determinadas discapacidades.
La norma fija por primera vez un plazo de diez años para dotar de los recursos necesarios a los colegios ordinarios para «poder atender en las mejores condiciones» a estos alumnos. Desde el Ministerio que dirige Isabel Celaá argumentan a ABC que así lo «reivindican muchas familias, asociaciones», como como Cermi, Plena Inclusión o la Plataforma Estatal por una Escuela Extraordinaria y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU . Aseguran que la ley vigente, la Lomce, ya abogaba por dar preferencia a la educación «inclusiva» y garantizan que los centros especiales se van a mantener. Pero en qué condiciones.
Rafael Caamaño, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía , patronal a la que pertenecen 40 centros especiales de la comunidad, considera que el Ministerio «no está diciendo toda la verdad» sobre el futuro de estas escuelas porque «pretende convertirlas en algo diferente de lo que son ahora». «Lo ideal sería que no hicieran falta este tipo de centros; la inclusión es una meta deseable pero no puede estar por encima del bien superior, que es el bienestar de los menores y el deseo de sus familias», expone. Caamaño aboga por un modelo mixto, en el que los centros especiales sigan prestando su servicio al tiempo que apoyen a las escuelas clásicas. «Hay niños que necesitan una atención específica por su discapacidad que no pueden recibir en un colegio ordinario».
El papel de los padres
La Junta de Andalucía comparte la inquietud de los padres y los centros. El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda (Ciudadanos), defiende la pervivencia de los colegios especializados en estos niños. Constituyen, asegura, «una pieza clave en un sistema educativo inclusivo y de calidad» . Existe un protocolo a la hora de determinar la escolarización de niños con discapacidad. Los profesionales de la orientación emiten un dictamen tras evaluar a cada alumno, pero «los padres, que son los que mejor conocen a sus hijos, deben intervenir en la valoración. Tenemos que hacerlos partícipes, escucharlos. Por supuesto, con la premisa irrenunciable de que por encima de todo ello, lo que debe primar, sin lugar a dudas, es el interés del menor », explica a ABC Javier Imbroda.
Miguel Soriano, presidente de la Fundación Auxilia Sevilla es de la misma opinión. Sabe de lo que habla porque lleva más de 40 años dedicado a la enseñanza de estos alumnos. «Entiendo que algunos pueden integrarse recibiendo apoyos específicos en centros ordinarios, pero hay otros que no pueden ser atendidos allí porque sufren pluridiscapacidad severa, trastornos de conducta o de autismo, deficiencias cognitivas o motóricas». Hay alumnos a los que incluso hay que alimentar con sonda nasogástrica, relata. «Cada padre sabe dónde está mejor su hijo , cuáles son sus limitaciones y aspiraciones», sostiene Soriano, cuya fundación gestiona desde hace cuatro décadas el centro de educación especial Arco-Auxilia en Sevilla.
Los padres temen como un nublado que su capacidad de elección se vea limitada. María Ángeles Maisanaba, madre de un niño con autismo, asegura que la modificación propuesta «dificulta la libre elección de la modalidad de escolarización» de lo padres o del propio alumno si es mayor de edad. ¿ Qué dice la norma? El texto estipula que «la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las administraciones educativas». En el proceso «serán oídos e informados los padres» . Si hubiera discrepancia, la administración -la Junta- decide, asesorada por los equipos de orientación educativa y aplicando criterios pedagógicos. Desde la patronal CECE objetan que «se les va a quitar a las familias el derecho a escoger el centro para sus hijos; se les dará a elegir uno ordinario, que no es lo que quieren los padres».
Cuatro modelos de apoyo
En la comunidad educativa conviven cuatro modalidades de escolarización para el alumnado con dificultades o necesidades especiales. Puede estar integrado en un grupo ordinario a tiempo completo si tiene una discapacidad leve; en un grupo ordinario pero con apoyos puntuales como programas de enriquecimiento cognitivo o reeducación logopédica, o en un aula específica dentro de una escuela general destinada, por ejemplo, a niños autistas o con trastornos del lenguaje. Este curso hay 4.904 aulas de apoyo a la integración: 4.311 públicas y 593 concertadas. La cuarta alternativa son los centros de educación especial. Para el consejero, todas ellas forman parte de un único sistema educativo y favorecen la inclusión. «No se trata de ofrecer lo mismo a todos los alumnos, sino de dar a cada uno lo que necesita» , subraya Imbroda.
Mercedes Molina, presidenta de la asociación Autismo Sevilla, es partidaria de una educación combinada, donde coexistan los distintos modelos. «Si el sistema funcionara bien, si los profesores, director, claustro y Ampas tuvieran suficiente formación , lo ideal sería que alumnos con discapacidad estudiaran en centros ordinarios. De hecho, ya existen aulas específicas de autismo con altas capacidades de apoyo. El problema es que aún queda mucho para llegar a eso. Que desaparecieran los centros especiales sería ahora una enorme temeridad».
Noticias relacionadas
