Caso UMAX
El dueño de Umax en el juicio: «Guerrero hoy es lo peor del mundo, pero antes era un trabajador incansable»
Ulpiano Cuadrado hizo un «contrato verbal» con este alto cargo para que personal externo trabajara en la Dirección que daba las ayudas a ERE
Ulpiano Cuadrado , dueño de la empresa informática Umax, cuyos trabajadores prestaban sus servicios en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, ha reconocido en el juicio que su primer «contrato verbal» lo hizo en 2003 con Francisco Javier Guerrero , que ocupó la Dirección de Trabajo entre 1999 y 2008, y consistió en contratar a tres personas para que realizaran trabajos en la Junta de Andalucía. Hasta 44 empleados de Umax llegaron a trabajar entre 2003 y 2010 en la Junta como personal externo de la dirección que repartía sin control las ayudas de los ERE, muchos de ellos, según la Fiscalía, pertenecían al círculo de confianza de Guerrero y realizaban trabajos propios de funcionarios.
Por estas irregularidades están siendo juzgados por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla tres exdirectores generales de Trabajo (Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera ) y dos exsecretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, Francisco, Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina , además del citado empresario.
En el juicio, el administrador de Umax , que está acusado de supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad en documento mercantil, ha negado a preguntas de la Fiscalía que Umax se creara en 2003 «para hacer enredos con la Dirección de Trabajo». A preguntas de su letrado, ha sostenido que Guerrero nunca le dijo que «contratara a Pepito o Fulanito» , pero «le puede haber dicho que aquí [en alusión a Umax] están buscando a gente y que eche su currículum y si cuela, cuela».
«Yo no he cogido a nadie porque fuera amigo de nadie sino porque trabajaban bien. Tan es así que siguen trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo», en la actualidad, ha declarado.
Umax recibió su primer contrato verbal dos meses después de haber sido constituida, según ha especificado. Con posterioridad, recibió otros contratos menores y mediante procesos negociados sin publicidad, en los que siempre se invitaba a las mismas empresas, para que trabajadores externos realizaran servicios en distintas direcciones generales autonómicas. Ha relatado que a partir de 2011 reclamó el pago de 1,55 millones de euros que le debía la Junta de Andalucía desde 2007 presentando con posterioridad unas facturas entregadas al juzgado que instruyó la causa basadas en contratos verbales. Algunas de las facturas que aparecen en la causa no existían, ha llegado a decir, porque era una simulación que le hizo a su anterior abogado.
Este acusado añade que nadie en la Junta de Andalucía ni en el Gabinete Jurídico de la Administración le advirtieron de que «las cosas se están haciendo mal». «¿ Yo cómo voy a suponer que eso no es legal ? ¿Cómo voy a dudar de la Junta de Andalucía? Es obligación de todos nosotros confiar en la Administración pública. Si no, apaga y vámonos».
En el interrogatorio de la letrada María Victoria Gálvez, que representa a la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía, Ulpiano Cuadrado ha alabado la «capacidad de liderazgo tremenda» de Guerrero, cuya secretaria en la Junta, Rocío Sayago , era trabajadora de Umax. Ha señalado que esta trabajadora cobraba más porque echaba muchas horas.
El acusado ha relatado que muchas veces pasaban con el coche por delante la sede de la Dirección de Trabajo y veían la luz encendida a las once de la noche y que bromeaban con que «este hombre [en referencia a Guerrero] se cree que va a heredar la Junta de Andalucía». Rocío Sayago luego terminó trabajando en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y en el Servicio Andaluz de Empleo.
En este punto ha señalado que « Guerrero hoy no está en su mejor momento pero entonces era un hombre que llamaba la atención. Hoy es lo peor que hay en Andalucía, España y el mundo, pero entonces era un trabajador incansable y con una capacidad de trabajo tremenda ».
La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, dictó auto de apertura de juicio oral e impuso una fianza de 2.556.036,20 euros a los seis acusados , abriendo juicio oral contra todos ellos por presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
La Fiscalía solicita diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para los cinco ex altos cargos de la Junta, mientras que para Cuadrado solicita ocho años y medio de prisión. Asimismo, la Fiscalía reclama que los seis acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta con 2.556.036,2 euros por las cantidades «indebidamente» percibidas en el periodo investigado, cantidad de la que responderá subsidiariamente Umax, así como que se declare la nulidad de los contratos realizados por Umax con la Dirección General de Trabajo desde 2007 hasta 2010.
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