La delegada de la Justicia en Granada dimite en menos de 24 horas desde su nombramiento

Elisa Fernández-Vivancos no ejercerá finalmente las labores de Delegada de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta de Andalucía en Granada , según han informado desde la Junta de Andalucía este miércoles.

Fernandez-Vivancos considera «que la inexactitud de las informaciones sobre su trayectoria profesional podría intentar perjudicar el proyecto de regeneración de la vida pública liderado por Ciudadanos» y, por lo tanto, « ha preferido declinar el nombramiento » para evitar «cualquier ataque a la nueva etapa de cambio que ilusiona a tantos y tantos andaluces».

Fernández-Vivancos está muy vinculada a la gestión del PSOE en la Junta puesto que, como letrada jefe del servicio jurídico de la Junta de Andalucía en Granada, cargo que ejerció durante años, fue parte de la gestión del caso Nevada , que supuso una condena millonaria a la adminsitración andaluza. Tras este caso, la abogada fue cesada y pasó a la actividad privada.

La ya exdelegada de la Junta en Granada estuvo como letrada jefe al frente del servicio jurídico de la administración andaluza al frente de la gestión el caso Nevada. Dicho caso ha supuesto una multa de 168,26 millones de euros a la Junta que han de pagarse al empresario Tomás Olivo por paralizar las obras del centro comercial Nevada Shopping a las afueras de Granada .

Elisa Fernández-Vivancos fue apartada del cargo después de que uno de los letrados que dirigía el caso Nevada no se presentara en una vista clave, lo que dejó a la Junta de Andalucía en una situación de indefensión jurídica al no poder aportar al sumario su prueba pericial. Dicho letrado, Antonio Luis Fernández Mallol , fue recompensado con un ascenso al puesto que ocupaba Fernández-Vivancos en la jefatura de los servicios jurídicos en Granada, saltándose el escalafón por antigüedad.

Se da la circunstancia de que Antonio Luis Fernández Mallol está emparentado con José Antonio Ortiz Mallol , otrora viceconsejero autonómico de Justicia y Administración Pública tras varios años como director general de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el mismo órgano que impugnó fuera de plazo las obras del Nevada con un procedimiento administrativo que la Justicia consideró irregular y no aceptó cómo válido, que es una de las razones por las que el empresario Tomás Olivo pudo demostrar el lucro cesante por los ocho años que las obras del centro comercial estuvieron paradas.

Según indican desde la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía , el titular de dicha cartera, Juan Marín, trasladará en breve una nueva propuesta al Consejo de Gobierno.