Coronavirus Andalucía
El sector agrícola rechaza el «insulto» del Gobierno de Sánchez a su actividad
Acusa a la ministra de Trabajo de hacer seguidismo a campañas tóxicas contra el campo español
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Las polémicas preguntas de los inspectores de trabajo del tipo si «existen alambradas en los centros de trabajo o vigilantes que impiden salir de los mismos», ha levantado todo tipo de reacciones, desde el sector afectado, los sindicatos y los partidos y hasta el propio Ministerio de Trabajo. Cabe recordar que las instrucciones dadas desde Trabajo, en manos de la podemita Yolanda Díaz , perseguía, tal y como publicó ayer este periódico, «el control del cumplimiento de la normativa en los ámbitos laboral, condiciones de Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, extranjería, economía irregular y compatibilidad de prestaciones». En ellas se indicaba «un especial control tanto en las condiciones de mujeres y menores, como respecto a las siguientes materias: jornadas de trabajo , salarios, existencia y contenido de evaluación de riesgos y desarrollo de un apartado específico de riesgo frente a contagio por Covid-19». También en «aspectos formativos y de vigilancia de la salud y en su caso, alojamientos de trabajadores situados en el centro de trabajo, compatibilidad de prestaciones, trabajo de extranjeros y obligaciones de afiliación alta y cotización».
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Las polémicas preguntas, que según todos los expertos consultados presuponen una falta de conocimiento del campo y que prejuzga una realidad inexistente, fueron valoradas por el propio ministerio. Este lo justificó ayer a la agencia Efe, para salir del paso, que «la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) realiza campañas específicas en todos los sectores, incluido el primario, y debe tener protocolos para detectar cualquier infracción laboral».
«No esclavizamos a nadie»
«Nosotros no esclavizamos a nadie», declaró el director de la patronal agraria Asaja, Juan José Álvarez , que rechazó tajantemente que «se trate a los agricultores y ganaderos como delincuentes». «Representa un desconocimiento enorme o mala fe», «un insulto para la actividad agraria», abundó el secretario general de la patronal agraria Asaja en Huelva, José Luis Marín , informa R. Font. Sin salirnos de la provincia, desde FresHuelva, el gerente de la organización, Rafael Domínguez , lamentó el «desconocimiento» que la ministra Díaz tiene del campo andaluz y onubense.
En la misma línea, el secretario de organización de COAG-Andalucía, Eduardo López , lamentó ayer que el Ministerio de Trabajo «colabore con campañas tóxicas de la competencia europea» y calificó de «inaudito e insólito» que se hable de esclavitud en el campo. Fuentes de la UPA (Unión de los Pequeños Agricultores) han insistido en que en el campo español «no hay esclavitud», sino una lacerante falta de precios justos que hunde la rentabilidad del sector y eso es lo que se debe perseguir. A su juicio, «las Administraciones deben tener mucho cuidado para no estigmatizar a un sector tratando de buscar lo que no hay».
Por otra parte, los sindicatos UGT y CC.OO., tienen una visión distinta. En el primero, su secretario del sector agrario, Emilio Terrón, señaló que «no hace falta que vayan los inspectores al campo» para saber que en muchas provincias «los empresarios se niegan a firmar convenios que cumplan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)». José Fuentes , de Comisiones, ve «adecuadas» las labores de inspección pero niega que exista la pretendida «esclavitud».
90 millones de liquidez
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , en una visita ayer a las instalaciones de una cooperativa agroalimentaria en El Ejido (Almería) lamentó esta campaña que se llevará a cabo en 23 provincias de España. «Parece que desde los empresarios de la agricultura quieren esclavizar a los trabajadores». «Creo que no hay que criminalizar ni mucho menos a un sector tan importante que, además, está perfectamente reglado, está perfectamente ordenado y que funciona de manera esencial y que es un espejo en el que se tienen que mirar precisamente otros sectores», concluyó. Moreno recordó que «el sector supone más de un 11% de la riqueza andaluza, así como decenas de miles de personas que trabajan» en él. «Y por tanto, debemos de mimar y de cuidar este sector que es pujante, que es fundamental para nuestra economía», aseveró, para apuntar que el Gobierno andaluz ya ha puesto en marcha una línea de 90 millones de euros para todo el sector agroalimentario para que las empresas tengan liquidez.
En el apartado político el PP-A reclamó ayer jueves a la ministra de Trabajo que pida «perdón» al sector de los agricultores y ganaderos andaluces por el intento de «criminalizarlo». En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Agricultura, José Ramón Carmona , expresó la «indignación del PP andaluz por estos hechos. Vox fue más contundente y a través de su parlamentario Rodrigo Alonso demandó la dimisión de la ministra: «Ni Cañamero [el antiguo líder del SAT] sería capaz de una orden así», puntualizó
