El PSOE insiste en un proyecto millonario para Antequera que la UE calificó de «escaso interés»

«La demanda de ese tipo de centro de ensayos ferroviarios es escasa». «Es dudoso que el proyecto persiga un objetivo de interés general». «Las previsiones que se manejan actualmente indican que será predominantemente deficitario». Estos son algunos de los argumentos que la Comisión Europea que esgrimió para tumbar el proyecto del Anillo Ferroviario de Antequera y ante los que el PSOE hace oídos sordos.

Pocas horas después de conocerse que el Ejecutivo central aparcaba definitivamente esta infraestructura al no despertar el interés de ninguna empresa, el «número tres» de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, cargó de nuevo ayer contra el PP y anunció que pedirá la comparecencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor.

Todo ello a pesar de que la iniciativa, además, está judicializada, supone un gran impacto ecológico en la Vega antequerana y cuenta con la total oposición de los agricultores de la zona, que verían dañadas sus explotaciones.

El Anillo Ferroviario es una iniciativa impulsada, durante el último Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, por el exministro de Fomento José Blanco y ante el que se revolvieron los alcaldes y poblaciones de los siete municipios de Málaga y Córdoba por los que se desplegaría el «scalextric» ferroviario

No eran los únicos que alertaban sobre las consecuencias de una infraestructura que permitiría pruebas de velocidad a casi 600 kilómetros por hora. Un informe elaborado por dos expertos -el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga (UMA) Ángel Sánchez y el ingeniero especializado  en Geofísica Pedro Mayora- equiparó el daño medioambiental de esta infraestructura al de 30 canteras.

Bruselas dudaba de su viabilidad

Al creciente movimiento contestatario se sumó una ofensiva judicial, impulsada principalmente por Asaja y el que fuera su presidente, el desaparecido Carlos Blázquez, que encontró base legal en las opiniones del mencionado catedrático, que alertaba de que el proyecto podía incumplir hasta siete normativas, como el Plan Especial de Protección del Medio Físico, el Plan de  Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA),la Ley de Suelo o el Convenio  Europeo del Paisaje.

Sánchez no dudó en sentenciar que la infraestructura era «puro  electoralismo» y que, «ni en el momento álgido» de la  obra, se podrán crear los 7.500 puestos de trabajo que se estimaron.

Incluso más preocupante que estas apreciaciones son las sospechas, realizadas por este experto, de que el estudio del proyecto había sido «adaptado» de forma «prefijada». Un juzgado de Antequera, el de Primera Instancia e Instrucción número 2, debió compartir parte de esta valoración porque en diciembre de 2011 abrió una investigación por «la posible existencia de una infracción penal» en la tramitación de la  iniciativa que podría ser constitutiva de un delito de prevaricación. Poco después, la  Audiencia Nacional admitía a trámite un recurso contra el estudio de  declaración ambiental del Anillo Ferroviario.

Fueron estas circunstancias las que llevaron a Bruselas a expresar –algo más que– sus dudas sobre la viabilidad y la legalidad del proyecto, hasta finalmente bloquear la financiación del mismo: más de 350 millones de euros.

«Dejadez y desidia del Gobierno de Rajoy»

Bruselas recalcó que la demanda de ese tipo de infraestructuras es escasa y que «la oposición de la sociedad bastante enérgica, especialmente por cuestiones ecológicas». «Se considera, por lo tanto, dudoso que el proyecto persiga un objetivo de interés general», insistió la Comisión Europea, que también alertó de que la financiación pública concedida podría suponer una «ventaja selectiva con respecto a otros centros de ensayo de trenes de alta velocidad en la UE, que funcionan sin ayuda estatal».

A pesar de todas estas contundentes consideraciones, a las que se unía la de la escasa viabilidad, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, hizo ayer oídos sordos y anunció que su partido pedirá la comparecencia en el Congreso de Ana Pastor.

Además de elevar en 3.000 las previsiones que dio hace un lustro el Ministerio de Fomento sobre los puestos de trabajo que supuestamente iba a generar el proyecto, Heredia lamentó que se perdido esta inversión «por la dejadez y la desidia del Gobierno de Rajoy». Hoy ha insistido de nuevo en este mensaje.