Málaga cierra los clubes de cannabis que se extienden por Andalucía

Un porro. Un simple porro de marihuana intervenido a un menor fue el punto de partida de dos años de trabajo desarrollados por el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga que han culminado con el desmantelamiento de la última asociación de cannabis asentada en la ciudad. Diez operaciones de las que se derivó el arresto de una treintena de personas –la mayoría, directivos- y la imputación de otras 300. Una contundencia policial que está provocando la «migración» de estos clubes a otros municipios y que pone de manifiesto su proliferación amparada en distintas interpretaciones de la ley.

La última intervención, según pudo saber ABC, de fuentes cercanas al caso, se realizó semanas atrás en un local, «aparentemente un bar», situado en la zona Centro.

Tras constatar que en lo que se publicitaba como asociación cultural operaba uno de estos clubes, los investigadores decidieron intervenir y detener a sus promotores.

Las numerosas vigilancias realizadas por los agentes del GIP y la información aportada por testigos y clientes han ayudado a conocer el funcionamiento interno de unos clubes que habitualmente constan con actas de constitución, distribución de cargos y que no dudan en difundir su «filosofía» en la Red.

Según explican los investigadores, los socios suelen pagar una cuota mensual y en el local adquieren la marihuana, habitualmente dos gramos por cinco euros. Suelen «camuflarse» como bares que cuentan con una zona privada en la que los clientes pueden consumir la sustancia.

Como si fueran establecimiento de restauración, algunos cuentan con una carta y su correspondiente lista de precios según el tipo de cannabis -«critical», «green poison»...-; e incluso hay quien dispone de centrifugadoras para obtener el aceite o resina o hacer su propio hachís casero.

Los agentes de la Policía Local no tienen ninguna duda de que detrás de estas asociaciones hay un negocio muy lucrativo cuyas raíces se adentran en el mercado negro que suministra la «mercancía». Aunque se ha dado el caso de una, desmantelada en el polígono industrial La Estrella, que supuestamente se abastecía con una plantación ubicada en una nave próxima en la que se hallaron 400 plantas; lo habitual es que se adquiera a distribuidores relacionados con el tráfico de drogas.

Es tal el crecimiento del consumo de esta sustancia, que en zonas como Los Asperones, tradicionalmente centrada en la venta de heroína y cocaína, «se han venido arriba» y están modificando su objeto de ingresos.

A esto se suma toda la industria que ha surgido en torno al cultivo del cannabis, que requiere un material costoso, como lámparas especiales, extractores de aire, sistemas de riego... «Obviamente, es un negocio», recalcan los investigadores.

Las estimaciones apuntan a que estos clubes, algunos de los cuales ha llegado a contar con medio millar de socios, pueden obtener una media de beneficio neto de unos 7.500 euros mensuales. Aunque son «cálculos a la baja» realizados «suponiendo que venden una pequeña cantidad de marihuana». «Ten en cuenta que tienen que pagar un alquiler, luz, proveedores, personal...», agregan las citadas fuentes.

La decena de intervenciones realizadas en la capital malagueña se ha saldado con una treintena de detenidos, la mayoría, puestos directivos de las asociaciones, a los que se les acusa de un delito contra la salud pública. A estas pesquisas les han seguido las realizadas por la Policía Nacional, quien ha imputado a unas 300 personas, en su mayoría socios o clientes.

Las fuerzas de seguridad consideran que están amparados por la ley para actuar contra estas asociaciones. Se fundamentan en dos textos judiciales: una instrucción de agosto de 2013 del Ministerio Fiscal y una reciente sentencia del Tribunal Supremo que crea jurisprudencia.

El segundo está relacionado con un club asentado en Bilbao contra el que actuaron las fuerzas de seguridad y al que absolvieron, en primera instancia, un juzgado de lo Penal y, en segunda, la Audiencia Provincial. No obstante, el Alto Tribunal tumbó el principio del «consumo compartido» al que se agarran  los «legalizadores» y por el que se permite esta actividad siempre que no haya adictos, se oculten, no se provoque y se ingieran pequeñas dosis.

Contra este argumento, los que defienden la interpretación pura de la norma. «El Código Penal es claro sobre el delito contra la salud pública es claro: incurrirá en él quien promueva, favorezca o facilite el consumo de drogas. Y la Fiscalía y el Tribunal Supremo consideran que estos clubes, que no dudan en hacer publicidad en webs o foros, así lo hacen», argumentan los miembros del Grupo de Investigación y Protección de la Policía Local de Málaga.

«En el fondo saben que están bordeando la legalidad», por qué «ponen lectores de huellas dactilares en las puertas de entrada» -lo que llevó a bautizar una de las operaciones como «Frigodedo»- o «aleccionan a sus socios sobre qué decir si son interceptados por la Policía».

Asesoramiento legal para los clubes

Frente a estos agentes se sitúa un movimiento que se extiende por todo el país y cuyo leitmotiv es la legalización de esta sustancia. Clubes cada vez mejor «armados» con asesores legales que bucean en la jurisprudencia para buscar resquicios para continuar una actividad y que se unen para llamar la atención de los políticos.

La Federación de Asociaciones Cannábicas del Sur (Facsur) aglutina a una veintena de grupos que defienden el consumo libre y la despenalización de la marihuana. La mayoría se ubican en las provincias de Sevilla -seis-, Almería, Córdoba y Cádiz. Y no se esconden. Cada una publicita su dirección y un teléfono de contacto.

La web de Facsur no sólo es una herramienta de difusión de su argumentario, sino que es una vía de captación de socios con fines activistas –se proponen llegar al millón para que se cumplan sus reivindicaciones- y un manual de comportamiento ante una eventual intervención policial.

Con el alta como usuario, que promocionan con el hastags como *SalDelOtroArmario, se entrega una tarjeta y una semilla de marihuana. La federación dirige su labor a la consecución de dos objetivos: «Garantizar el abastecimiento de sus miembros con productos de calidad así como defender el derecho al autocultivo, sin olvidar que aspiramos a promover el debate y el cambio político para unas políticas de drogas justas y efectivas en la gestión de placeres y la reducción de riesgos», señala en su web.

FAD, contraria a los locales

Desde la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) expresan su recelo por este tipo de clubes o asociaciones, ya que «esconden un proceso perverso». Su director general, Ignacio Calderón, explicó que «todo el mundo aplaude» estas iniciativas «sin saber que hay detrás», para seguidamente hacer hincapié en que son un engranaje dentro de una maquinaria que genera miles de millones de euros.

Ante su expansión, manifiesta que el arma más eficaz es la educación. «La persona es la clave, porque va a ser casi imposible parar el acceso a la drogas», apunta, para agregar que Internet es un nuevo canal de distribución al alcance de cualquiera.

Calderón, no obstante, expresa sus dudas sobre el impacto de la regularización o legalización -«que no es lo mismo»- de esta actividad: «Holanda ha tenido que poner coto a la «turismo cannábico» por la imagen que generaba».

Mientras los distintos actores implicados en esta cuestión dan pasos para apuntalar sus posturas, la rueda de la justicia sigue girando y en mayo se celebra en Málaga el primer juicio contra los responsables de una de estas asociaciones. «Como policías, hemos actuado correctamente; ahora queremos saber qué dicen los jueces», sentencian los agentes.