Jaque a uno de los mayores «capos» de la droga en Málaga

Su nombre es Justo R.P., pero todo el mundo en la barriada de La Palmilla lo conoce como «El Principito». Miembro de un clan que en los 90 centró buena parte de los esfuerzos policiales en la capital malagueña, a sus 39 años hace tiempo que dejó de estar a la sombra de su padre para reclamar el «trono» del mercado de la venta de droga en Málaga. Un delincuente que esquiva la cárcel, que ocupa un lugar preponderante en la latente lucha de familias que rodea a este lucrativo negocio ilegal y que siempre está bajo el foco de los investigadores. Una presión que recientemente se ha saldado con una condena de cuatro años y medio de prisión por un delito contra la salud pública tras una operación del Grupo de Pequeño Tráfico de la Comisaría Provincial que también se llevó por delante a su hermano y a un buen número de sus supuestos colaboradores.

Algo más de tres años han transcurrido desde que los agentes de irrumpieron en distintas viviendas de la calle Cabriel de Málaga para desarticular varios puntos de venta de cocaína, heroína y revuelto —una mezcla de ambas sustancias—. Era la culminación de cinco meses de investigación, vigilancias y localización de compradores que ponían de relieve que «El Principito» estaba al frente del negocio. A su lado, su hermano Carlos, y su cuñada Sara, dedicados a suministrar las dosis. Y por debajo, todo un entramado de colaboradores, entre los que destacaba Antonio José J.M, alias «MacGyver», el «aguador» encargado de dar el aviso si pasaba la Policía y quien captaba a clientes que deambulaban por la calle en busca de una «paquetilla».

La lista de objetos intervenidos por los agentes fue extensísima, aunque en ella destacaba una pistola Tanfoglio GT28 sin número de serie y con el cañón alterado, numerosos relojes, libretas de ahorro a nombre de otras personas y distintas cantidades de dinero efectivo procedentes del tráfico de drogas, siendo la inferior de 575 euros. Siendo especialmente curioso este detalle cuando todos los acusados se declararon insolventes. Igual de llamativo que «El Principito» se desplazara constantemente en un vehículo Kia Carnival que estaba a nombre de otra persona: David F.G.

La investigación determinó que Justo R.P. utilizaba este monovolumen para realizar labores de contravigilancia a la Policía y desde el mismo daba las órdenes a los otros acusados cuando «había que paralizar la venta –de droga- y decir a los potenciales compradores que volvieran posteriormente», según se recoge en la sentencia de la Sección Tercera a la que ha tenido acceso este periódico.

Las defensas de «El Principito» y el resto de acusados intentaron desmontar el caso aduciendo falta de motivación para los registros e impugnando la pericial del análisis de las sustancias estupefacientes incautadas porque la realizaron expertos de la Policía Nacional y no de la Subdelegación del Gobierno. Pero ambas reclamaciones fueron desestimadas por el tribunal, que sí tumbó la petición de la Fiscalía de imputar a los detenidos asociación ilícita. Esta negativa supuso una reducción de la pena total de 43,4 años de cárcel a 32.

El tribunal considera que, «fruto de las vigilancias llevadas a cabo —por la Policía»—, se considera a los detenidos como un «clan estructurado en organización» y «dedicado al tráfico de drogas». Una circunstancia que se determina a pesar de que la cantidad de estupefacientes incautada fue de 2,57 gramos, ya que «el principio de insignificancia, en el caso de la cocaína, ha de ser establecido en la cantidad de 0,10 gramos». A esto se une la «prueba de cargo suficiente constituida por las manifestaciones de los agentes, que pone de manifiesto la venta constante de droga».

La sentencia también pone de manifiesto que para el desarrollo de esta actividad delictiva se utilizan viviendas que «son titularidad de la Junta de Andalucía», que también son objeto de mercadeo por parte del clan, como demuestra la declaración de un testigo protegido. Esta persona afirmó que compró el bajo izquierda del número 17 de calle Cabriel «a una persona impedida, en silla de ruedas, que conoce como “Carlitos”, y que fue atendido por una mujer de etnia gitana y pelo negro». Los agentes concluyeron que se trataba de Carlos R.P. y Sara R.F.

En base a este cúmulo de pruebas, la Audiencia Provincial ha decidido condenar a «El Principito» a cuatro años y seis meses de cárcel por delitos contra la salud pública. A su hermano y su cuñada a cinco y cuatro años, respectivamente.

Otras cuatro personas han sido condenadas a penas que oscilan entre los cinco y los cuatro años, ya que algunos son reincidentes y en el caso de una acusada se le imputaba también tenencia ilícita de armas.