Un informe revela que no se tomaron medidas para prevenir la caída de Julen al pozo

La finca donde Julen cayó al pozo en Totalán era una zona de obras, en la que no estaban las medidas de seguridad pertinentes habilitadas. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) emitió un informe, tras el accidente, que depositó en el Juzgado de Instrucción 9 de Málaga, que se ha hecho cargo del caso, donde se detallaban varios aspectos, como la legalidad de la perforación y del movimiento de tierras realizado en la parcela. Para esto se requirió la documentación existente sobre la parcela . En los primeros días de búsqueda de Julen, se pudo a ver al dueño de la finca llegar con documentación a la zona de siniestro.

El Seprona concluye en este documento, entregado a la autoridad judicial, que las medidas de seguridad en la zona para evitar accidentes eran «nulas» –como adelantó «SUR»–. El informe se centra en el pozo de sondeo realizado en la parcela del Cerro de la Corona y en la obras a su alrederor. La propia Junta de Andalucía confirmó que el sondeo de agua abandonado no se había hecho siguiendo los cauces marcados por la legislación, tanto por la parte de la delegación de Minas, como por la Agencia de Dominio Hidráulico.

Sobre el terreno, se inició una «inspección técnica» de la parcela. Se comprobó que había una serie de obras, que consistía en una explanada de forma rectangular, con unos 35 metros de largo, que tiene en su lado más ancho unos 17 metros de longitud. La superficie de construcción rondaba los 500 metros cuadrados . Según las pesquisas, las tierras procedentes del rebaje se usaron para hacer la explanada y el sobrante se tiró al olivar que está bajo la misma. La inspección descubrió una zanja que acababa en el pozo donde cayó Julen.

Según los investigadores, en la zona había material para hacer una edificación, que sería también de carácter ilegal, ya que la zona es suelo no urbanizable . En la parcela había tres palés con bloques de hormigón. Dos de ellos son los que el dueño de la finca declaró que había dejado tapando el pozo. Había cuatro sacos de cemento, dos más de arena blanca y rollos para canalizar los cables de la electricidad y las tuberías de agua.

Según lo declarado ante la Guardia Civil, por el pocero, el dueño de la finca, el ejecutor de las obras, no se pidieron los permisos pertinentes para hacer el pozo ni las obras que se estaban planteando. Todo esto es confirmado por la Guardia Civil en este informe remitido al Juzgado de Instrucción 9 de Málaga, que sigue con la investigación y, cuya titular, tendrá que dirimir qué delitos se han cometido y si a consecuencia de estas presuntas negligencias Julen acabó muerto. Hasta el momento, lo trascendido es que, en base a estos, datos el Seprona podría emitir denuncia contra el dueño de la finca por el pozo ilegal.