Astapa: las claves de una «macrocausa» de hace una década

Más de diez años después de la denuncia que interpusieron los entonces concejales del Ayuntamiento de Estepona, Cristina Rodríguez y David Valadez, el 16 de noviembre de 2006, el Juzgado Número 1 de la ciudad acaba la instrucción del «caso Astapa». El magistrado encargado del caso ha decido encausar a 94 personas por la presunta corrupción urbanística y política en la localidad, entre ellas se encuentra el que fuera alcalde socialista del municipio entre 2003 y 2008, Antonio Barrientos. Se investiga una supuesta estructura municipal orientada a obtener fondos de promotores y empresarios para financiar actividades, tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición, y para «enriquecerse personalmente».

¿Qué delitos se investigan?

La mayor parte de los delitos investigados son en convenios urbanísticos.

Según el auto judicial, es donde está «la auténtica clave del arco» de las irregularidades penales. Los supuestos delitos estarían también en las contrataciones y en la financiación de los partidos políticos de la coalición (PSOE y Partido de Estepona) en el propio Ayuntamiento. A los 94 procesados por esta «macrocausa» se les atribuye la comisión de una larga lista de delitos entre los que están cohecho, fraude, malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, uso de información privilegiada por particular, tráfico de influencias, nombramiento ilegal, doble contabilidad o actividades profesionales prohibidas.

Convenios bajo sospecha

Las pesquisas desveladas explican que se han analizado 38 convenios urbanísticos. Sólo en siete de esos acuerdos el Consistorio dejó de percibir 20 millones de euros, según el auto. Se investigan una infravaloración en el precio de venta por parte del Ayuntamiento de los aprovechamientos no susceptibles de apropiación privada y de las contraprestaciones que los empresarios hacían por tener la infravaloración en su beneficio, y que eran exigidas. Se ha encontrado anotaciones en la documentación como «donaciones urgentes», «contraprestaciones» o tantos por ciento en las notas de los cuadernos del personal municipal investigado.

Delitos administrativos

La instrucción explica que el funcionamiento del Ayuntamiento era irregular y se extendía a todos los ámbitos. Según los testigos, las adjudicaciones de contratos «en un número elevadísimo eran a dedo». El juez investiga la renovación de chiringuitos, la remodelación del Palacio de Congresos o la adjudicación del Congreso Mundial de Agencias de Noticias. «Resta decir que los tratos de favor, aún presentando inconvenientes en el otorgamiento de licencias de primera ocupación, daba lugar a agilizar los expedientes», relata el magistrado en su auto.

¿Dónde iba el dinero?

Las pesquisas explican el funcionamiento del Consistorio bajo una «triple caja». La «caja A» estaría limpia de delitos con «actuaciones totalmente fiscalizadas» y «una actuación administrativa correcta». La «Caja B» estaría dedicada a patrocinios y donaciones de empresarios con intereses en el municipio. Se investiga si eran una condición para que el Ayuntamiento no truncara las aspiraciones de negocio, una especie de canon para poder desarrollar proyectos en Estepona. La «Caja C» es correspondiente a regalos a miembros del Consistorio o personas de su entorno y pago de gastos electorales de los partidos, como un concierto de Los del Río.

Financiación ilegal de partidos

El juez apunta a una financiación irregular entrando en el Derecho Penal del Partido de Estepona y del PSOE. «Se denota pagos efectuados por entidades con intereses urbanísticos y con pago de conciertos y en efectivo en cantidades escandalosas, hasta con billetes con valor de 500 euros, que no son excepción».

Regalos por favores La existencia de dádivas o regalos en dinero o en especie se desprenden de las periciales del contenido patrimonial. Los informes policiales arrojan datos «bien atados» sobre obras de reforma en un domicilio particular, pago de muebles, viajes... Todos hechos por entidades con intereses pendientes en el Ayuntamiento de Estepona y siendo los perceptores de esos regalos «personas a quienes les corresponden decidir tales intereses».

Quién cobraba

El juez destaca «la importancia» de Antonio Barrientos en la trama, que explica que recibió del grupo empresarial Valle Romano «regalos en navidades y le pagaron viajes». La investigación señala «la tremenda capacidad de ahorro» del exalcalde, que salvó el pago de hipoteca y los recibos domiciliados en seis años. Las pesquisas señalan las obras de su casa por importe de más de 236.000 euros «pagadas por una empresa». No es el único. La trama implica a otros ediles, familiares, empleados municipales y conocidos de los que tenían puestos de responsabilidad en el Consistorio y participaban de la estructura.

Quién pagaba

«Los empresarios con intereses urbanísticos están llamados al proceso por cohecho y otros delitos, porque accedieron a los pagos exigidos al Ayuntamiento para no frustrar los intereses pendientes ante dicho Consistorio», explica el auto, que reseña los nombres de reconocidos empresarios como Luis Fernando Linares Torres, Severiano López Martín, José Romero, Rafael Bodega, Jamal Satli Iglesias, Aurelio Martín o Antonio López Soto. «Y así con todos los empresarios investigados», remarca el documento.

Consecuencias

El auto del juez explica que la conducta de todos los investigados conllevó deuda, que intentó ser tapada con más irregularidades. Según las declaraciones de José Flores, jefe de Gabinete de Barrientos, y otros exconcejales investigados, como Francisco José Zamorano, la deuda del Ayuntamiento ascendía a 80 millones de euros. «Se vería falseada en la liquidación haciendo constar sólo 26 millones», reseña la investigación, que apunta a que, según las propias palabras de los encausados, «habría una gran cantidad de millones en facturas guardadas en cajones y en intervención relacionados sin más». Los investigados aseguran que habría, al menos, 20 millones procedentes de convenios investigados «para aminorar el déficit». El juez señala a una «gran cantidad de partidas presupuestarias que escapan a cualquier clase de fiscalización, siendo manejados al libre arbitrio». La llegada del PP a la Alcaldía en 2011, tras este caso, desveló una deuda municipal de 300 millones de euros.