Varapalo judicial al SUP
Condenado por acosar a un mando policial tras detener a varios agentes por violencia de género
La Justicia fija una indemnización al inspector de 200.000 euros, de los que 100.000 deberá responder conjunta y solidariamente el sindicato
Al inspector de la Policia Nacional Emilio F., ex jefe del Servicio de Atención a las Familias y Delitos Violentos (SAF/Udev) en Huelva, le ha costado más de una década que los tribunales le restituyan el honor y respalden el trabajo que el Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los de mayor peso en el Cuerpo, atacó durante años con la intención de quitarlo del lugar que ocupaba a base de «desprestigiarlo, atentando contra su libertad e imagen y honor».
Ahora, nueve años después que decidiera abrir un camino en los juzgados para denunciar lo que el mismo instructor llegó a definir como «una conducta incesante de acoso y derribo de la persona y de la labor profesional del inspector», gana el pulso en primera instancia al que fuera máximo responsable del SUP en Huelva, F.G.M.
Un año de cárcel
El Penal 3 de Huelva condena al ex secretario provincial del Sindicato a un año de carcel por un delito contra la integridad moral -contemplando la atenuante de dilaciones indebidas- y le impone una orden de alejamiento de 200 metros del mando, tanto de su domicilio como de su trabajo, y le prohíbe comunicar con él por ningún medio durante el tiempo de la condena. Además, fija una indemnización al inspector de 200.000 euros, de los que 100.000 deberá responder conjunta y solidariamente el SUP .
La juez suma una segunda pena de otro año de prision por calumnias continuadas, reduciendo a dos los delitos que le atribuía la acusación particular -única personada en la causa.-, que añadía lesiones e injurias. La Fiscalía no advertía conducta delictiva.
La persecución denunciada por el inspector que la sentencia viene a confirmar comenzó después de que detuviera a tres agentes de la Policia Nacional por violencia de género en 2008, uno de ellos perteneciente al SUP y parte entonces de su organigrama provincial, arrestos en los que el inspector «encontró notables obstáculos» De funcionarios que se encontraban bajo sus ordenes.
«El acusado -afirma la sentencia- pretendía vengarse de lo que el considero una actuación errónea en contra de su compañero de sindicato» y lo que hizo lo orientó a «lograr la destrucción personal y profesional del perjudicado».
Al jefe se le llegaron a atribuir supuestas actuaciones ilícitas en prensa y en publicaciones de la organización, incluidos presuntos casos de acoso laboral y hasta sexual de los que no había indicio alguno , ni denuncia de por medio, se pidió incluso que se le retirara una cruz al mérito que había recibido del Cuerpo. Se le llego a desobedecer, se le registró su despacho,«se cuestionaron sus órdenes y se logró minar su integridad y acabar en una situación de aislamiento como si fuera portador de una enfermedad contagiosa, y ello única y exclusivamente por querer acabar con la nefasta práctica de proporcionar a detenidos distintos trato según fuera o no compañeros».
En la sentencia, recurrible ante la Audiencia Provincial , la juez desecha el argumento de la Fiscalía y de las defensas de que el acusado se movió por el interés y en el ejercicio de su actividad sindical y que se trate de hechos aislados y sin relevancia penal.
«Su cargo de representante sindical -remarca la sentencia- no es una patente de corso. No todo vale en nuestro sistema democrático», y critica la no actuación cuando las denuncias cuando las denuncias eran dirigidas contra agentes de policía, «la negligente cuando no desatención a las victimas, que en uno de los casos provocó fuera nuevamente agredida».
