Absuelto por segunda vez el ex alcalde del PP de Aljaraque

La Audiencia Provincial de Huelva ha absuelto por segunda vez al ex alcalde del PP en Aljaraque, Juan Manuel Orta , acusado de sendos delitos contra la Hacienda Pública y continuado de falsedad documental, en un juicio -celebrado el pasado junio- que tuvo que repetirse por orden del Tribunal Supremo (TS). Esta resolución se produce diez años después de que se abriera la investigación y se detuviera al regidor, junto con su más estrecho colaborador, Casdto Pino.

En este segundo juicio del caso Aljaraque ha quedado absuelto igualmente uno de sus socios en la gestoría que dirige. Mientras, el que fuera su mano derecha en el Ayuntamiento y ex concejal de Urbanismo, Casto Pino, ha sido condenado a un año y medio de prisió n por un delito contra la Hacienda Pública y al pago de una multa de 387.537 euros y a indemnizar a Hacienda de 193.768 euros, y el tribunal lo ha absuelto de los delitos de cohecho y de blanqueo de capitales por los que fue juzgado.

El Supremo ordenó que se repitiera el juicio con magistrados distintos a los que participaron en la primera ocasión (mayo de 2015), al considerar que se declaró de forma indebida la nulidad de las escuchas telefónicas, así como las pruebas derivadas de estas escuchas.

La causa se inició a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en enero de 2007 -por la que Orta y Casto Pino fueron detenidos- por el empresario y exmilitante del PP Rafael Barroso, en la que los acusaba de presuntos cobros de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanístico

La acusación pública y la Abogacía del Estado reclamaban para el ex regidor del Partido Popular dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil, a los que añaden otros 3 años y 6 meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública , con una multa de 300.000 euros.

En el caso del ex concejal de Urbanismo, la petición de pena alcanzaba los ocho años y medio, al sumar la acusación de cohecho, relacionado directamente con su gestión pública y por el que le reclamaba tres años de prisión y su inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro años.