Los apoyos institucionales que recibió Juana Rivas

La justicia acaba dar un fuerte varapalo a Juana Rivas, que acaba de recibir la sentencia que se venía barruntando desde que se inició el proceso contra ella por sustracción de menores: c inco años de cárcel y seis años de retirad a de la patria potestad de sus hijos. Esta madre de Maracena (Granada) huyó con sus hijos durante más de un mes a pesar de que un juez italiano la obligaba a entregarlos al padre, desafío que ahora tendrá que pagar con la cárcel si no sale adelante el recurso que presumiblemente interpondrá ante la justicia.

La reacción social a este caso fue de una trascendecia tal que hasta las instituciones se ofrecieron a ayudar a Rivas a pesar de su desobediencia. La misma presidenta de Andalucía, Susana Díaz, se compromotió a ofrecerle asistencia jurídica que finalmente no pudo llevarse a cabo por encontrarse Rivas en Italia, donde vive su expareja con sus dos hijos. La Junta de Andalucía incluso estudió personarse como acusación particular, algo imposible porque este caso es sólo para víctimas fallecidas de violencia de género, según estipula la ley.

Este apoyo fue enfriándose conforme fue avanzando el caso. Desde Izquierda Unida se mostraron decepcionados por la retirada de la protección jurídica, y poco antes la formación de izquierdas anunció que donaría el dinero que dejaran de percibir sus trabajadores y cargos públicos por secundar la huelga feminista del 8 de marzo a la defensa jurídica de Juana Rivas. Desde Podemos llegaron incluso a proponer una «solución imaginativa» para acabar con estas trabas.

Más prudentes fueron desde Ciudadanos, que mostraron su apoyo a la Junta por atenerse a lo que dictaba la ley, o desde el PP, que pidió que se tramitaran en el Parlamento las modificaciones oportunas de la ley sobre la violencia de género.

Ya durante la fuga de Juana Rivas con sus hijos varios cargos políticos se pronunciaron al respecto ante lo «delicado» del caso, como refirió el por entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que pidió respeto al estado de derecho y a las decisones judiciales. Menos prudentes fueron desde la Junta, que calificó el caso de violencia de género y se comprometió a ayudar a Juana Rivas como víctima desde el respeto a la justicia.