Le piden cárcel por no dar de alta a las trabajadoras de su prostíbulo de Granada
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores y ha solicitado para el acusado una condena a dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 7.200 euros
La Fiscalía de Granada ha solicitad o dos años y medio de prisión para el administrador de una empresa que gestionaba un local de alterne en Torrenueva (Granada) por no tener aseguradas como trabajadoras a más de la mitad de las mujeres de su plantilla y alojarlas en el prostíbulo, sin licencia hostelera.
Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los hechos se remontan a la noche del 1 de febrero de 2018 cuando miembros de la Inspección de Trabajo , acompañados por agentes especializados, se personaron en un local de alterne ubicado en la carretera de Torrenueva (Granada).
Ya en el interior, realizaron un control del empleo en el que identificaron a un hombre que trabajaba como portero y otro que atendía la barra, y vieron a nueve mujeres, la mayoría de nacionalidad rumana, «dedicadas a la actividad de alterne y a la espera de clientes» .
Las nueve explicaron que tenían como domicilio el prostíbulo y que pagaban una media de 50 euros diarios por el alojamiento y la manutención, a lo que añadieron, aunque no todas, que cobraban por cada copa servida durante su trabajo.
En ese momento, la Inspección intentó sin éxito contactar con el responsable del local, el acusado Daniel G.P , administrador de la mercantil Inversiones Garupe que regentaba el prostíbulo.
El 9 de febrero, compareció un representante de la empresa que aportó la documentación del local, que carece de licencia para hospedar a las chicas, pero que dijo que fiscalmente les cobraba ese alojamiento como bebidas , sin detallar qué hacen en el local.
Sin embargo, la empresa tenía dados de alto a cinco trabajadores, entre ellos los dos hombres presentes el día de la inspección , pero no a las mujeres que también estaban en el local.
Además, el acusado estaba dado de alta en un régimen especial aunque figuraba como deudor .
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito contra los derechos de los trabajadores y ha solicitado para el acusado una condena a dos años y medio de cárcel y el pago de una multa de 7.200 euros.
El acusado iba a ser juzgado el próximo 1 de abril en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada , que tendrá que modificar los señalamientos cuando se retomen las vistas tras las suspensiones por el coronavirus .
