Los «familiares» premios de la Junta en el caso Nevada: ascensos por los «errores» millonarios

El caso Nevada no solo no ha conllevado ninguna dimisión cargos públicos con responsabilidad en la millonaria sentencia, que los hay, y en activo, sino que además ha supuesto una oportunidad de promoción interna para alguno de los hacedores de esos «errores» exculpados por la Junta de Andalucía . Un ejemplo –al margen de las meteóricas trayectorias de determinados dirigentes socialistas en su día vinculados al poderoso «clan de Armilla» – es el del actual jefe del Gabinete Jurídico del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Luis Fernández Mallol , el letrado que ascendió al puesto después de no asistir a una vista clave del juicio.

La incomparecencia en sede judicial de Fernández Mallol fue achacada a un «error material» , pues teóricamente no se le notificó la fecha de esta vista en la que el letrado tendría que haber aportado la prueba pericial de la Junta de Andalucía, lo que supuso que dicho informe no fuera tenido en cuenta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así las cosas, la defensa del Gobierno autonómico quedó técnicamente desamparada y el TSJA decidió ratificar la sentencia y elevar la indemnización a los 165 millones de euros , pues «carece de asidero legal exigir que el juzgado deba presuponer que se ratifica en su escrito de alegaciones».

Poco después de la polémica que suscitó este opaco episodio de una larga serie de anomalías, la Junta de Andalucía decidió fulminar a la que hasta entonces, y desde 2003, había sido la jefa del Gabinete Jurídico del Gobierno autonómico en Granada, Elisa Fernández-Vivancos. Vía BOJA, fue fulminada, rebajada al escalafón de letrada rasa y enviada sin funciones concretas al Patronato de la Alhambra y el Generalife, tras lo que optó por solicitar la excedencia en la que todavía se encuentra.

Se da la circunstancia de que Antonio Luis Fernández Mallol está emparentado con José Antonio Ortiz Mallol , que fue nombrado viceconsejero autonómico de Justicia y Administración Pública tras varios años como director general de Inspección de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el mismo órgano que impugnó fuera de plazo las obras del Nevada con un procedimiento administrativo que la Justicia consideró irregular y no aceptó cómo válido. Otra de las claves que explican que finalmente Tomás Olivo pudiera demostrar el lucro cesante por los ocho años que las obras estuvieron sin actividad.

Fuentes del propio Gabinete Jurídico aseguran que su sustituto, Antonio Luis Fernández Mallol , accedió a la jefatura por delante de otros letrados con mayor antigüedad en este órgano asesor de la Junta. Entre ellos, su propio «mentor», quien preparó las oposiciones a Fernández Mallol: el letrado César Girón , actualmente investigado en el caso Colina Roja II –junto a una treintena de personas– por presuntamente blindar con sus informes algunas de las prácticas que permitieron la supuesta trama de corrupción en la Alhambra , como adelantó este diario.