Caso Serrallo
La autodefensa de la exedil de Urbanismo de Granada: «Cada funcionario dijo lo que creyó conveniente»
Isabel Nieto ha declarado con toga como acusada en la segunda sesión del juicio del caso Serrallo, en el que ha tratado de demostrar la legalidad de las obras presuntamente irregulares
Con toga y «en defensa propia» . De este modo ha declarado como acusada la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto , en la segunda sesión del juicio del caso Serrallo , en el que están acusadas 17 personas. Ante el tribunal de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial , Nieto ha defendido a legalidad de las obras que se hicieron en el Centro Comercial Serrallo, donde el Consistorio permitió la construcción de supuestamente irregular de una discoteca , con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona en la que únicamente se podría haber creado un parque infantil.
Nieto ha insistido en que a ella no le gustaba «que allí se construyera una discoteca» , así como en otros puntos de la ciudad, por el temor a las «reacciones» de los vecinos. Fue esta la razón por la que pidió informes en el transcurso de la tramitación de la concesión administrativa al promotor, y ha reseñado que ella firmaba «a diario todos los decretos» que le llegaban, «con informes favorables» de los técnicos, a quienes atribuye «una altísima cualificación» y ha asegurado que le «daban mil vueltas».
Las exedil ha justificado, a preguntas de la fiscal Sara Muñoz-Cobo, la existencia de informes con opiniones contrapuestas, dado que «cada funcionario dijo lo que creyó conveniente decir» , sobre la base de que el uso de estos espacios libres no están especificados en el Plan General de Ordenación Urbana, incidiendo en que «un espacio libre no es un espacio verde» y «no es lo mismo una zona verde que un parque», ha añadido para aclarar un análisis «absolutamente incierto y erróneo» de la Fiscalía.
Nieto se ha mostrado «conforme» con la declaración realizada este pasado lunes por el exalcalde del PP , José Torres Hurtado, quien alegó no tener «ni idea» del tema por haber delegado en ella las competencias urbanísticas . En ese sentido, la exedil ha reconocido que delegó «en lo que la ley le permitía delegar». Y en cuanto a la votación de la junta de gobierno local, cuyos otros siete exediles integrantes están en el banquillo junto a Nieto y el exregidor, ha especificado que «no requería de informe del interventor», también acusado, al igual que el promotor y altos cargos de Urbanismo.
En la junta de gobierno local, ha proseguido Nieto, «se aprueba todo de tirón sin que nadie intervenga» , y «nunca» con informes técnicos desfavorables. Tampoco hubo ninguna objeción por parte del resto de concejales. Podía haber opiniones jurídicas contradictorias, ante las que se imponía el criterio de la Secretaría, como órgano «superior». Frente a las estimaciones que elevan a los 3 millones de euros el perjuicio económico de este caso, Isabel Nieto ha asegurado que el proyecto se planteó para que supusiera un «gran ahorro para la ciudad» . Sobre su relación con el promotor Roberto García Arrabal, ha señalado que era «absolutamente ninguna ni con él ni con su familia ni con sus amigos ni con sus empresas».
Además, ha explicado que el parque se dedicó a atracciones infantiles, después de varios anteproyectos presentados por la empresa para la explotación de la concesión administrativa. En unos 34.000 metros cuadrados, se puede destinar, según marca la norma para este tipo de áreas destinadas a parque, un dos por ciento para uso terciario, ha especificado, agregando, en otro momento de su declaración, que «el hecho de introducir los edificios no hace desaparecer las atracciones» .
Declaración del exdirector de Obras
También ha declarado este martes el exdirector de Obras de Granada, Manuel Lorente, quien ha declarado que la instalación de atracciones fue la «excusa» que encontró el Ayuntamiento para urbanizar el parque del entorno del centro comercial, en el sur de la ciudad. La idea fue buscar una «concesión administrativa» que diera «un poco más de dinero» para que el promotor se hiciera cargo del proyecto, ha indicado en la segunda sesión del juicio, en el inicio de su declaración.
Manuel Lorente ha explicado que el Ayuntamiento fue poniendo «más condiciones» a cada anteproyecto que presentó la promotora de Roberto García Arrabal, de tal modo que de una inversión inicial de más de 200.000 euros llegó a valorarse en unos 2,3 millones. En un área que ocupaba unos 33.000 metros cuadrados, el parque iba a ocupar unos 14.000, ha detallado Lorente, que ha agregado que, conforme al pliego de cláusulas administrativas, el promotor también «estaba en su derecho» de disponer del 2% del total del sistema general a uso terciario.
De este modo, el promotor conseguía «otros beneficios» para cubrir el coste de las obras . En la adecuación del proyecto para la explotación de la concesión administrativa, el promotor «no pudo» modificarlo «unilateralmente» sino que trabajó en coordinación con los servicios técnicos del Ayuntamiento, hasta que, en 2010, se articuló el documento que finalmente se elevó a la comisión ejecutiva de Urbanismo, como «propuesta definitiva».
La Sección Segunda de la Audiencia ha reservado dos meses para este juicio, desde este pasado lunes hasta el 2 de abril de 2020, habiendo previstas declaraciones de acusados tanto este miércoles como este jueves, para proseguir la semana que viene, en principio a partir del próximo martes. Están acusados un total de 17 personas, entre ellos responsables políticos municipales, funcionarios y empresarios, y cuatro empresas mercantiles por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias.
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