Víctimas de las mordidas declaran en la causa penal

El juzgado de instrucción número ocho de Córdoba tomó ayer declaración en calidad de testigos a tres trabajadores que fueron forzados a pagar mordidas, según aseguraron, durante su periodo de contratación en la fundación Guadalquivir Futuro o en otras organizaciones afines al PSOE en la zona Sur de Córdoba capital. Ninguno de los tres testimonios recabados ayer en el sumario es el de un denunciante de los dos procedimientos que están en marcha.

Los antiguos empleados que contestaron ayer a las preguntas de la instructora y de la acusación particular (no asistieron ni la defensa ni la Fiscalía) relataron cómo era la mecánica durante el tiempo en el que estuvieron trabajando en las entidades cobrando un salario que abonaba la Junta de Andalucía.

Se trata de un trabajador que fue contratado para los programas de 2015 cuando el sistema se encontraba aún en una fase previa. Los operarios tenían que abonar, según las declaraciones, unos 500 euros fijos a cambio de una reducción obligatoria de jornada de dos horas diarias. Los testimonios de los trabajadores son bastante claros en cuanto a la mecánica. Quién pagaba, cómo se cobraba, por medio de qué sistemas y con qué condiciones concretas.

Improperios

Otra de las empleadas, ya en 2016, estuvo tres meses trabajando en las entidades porque, cuando se le instó a pagar parte de su salario, se negó. Los responsables de las organizaciones decidieron despedirla no sin antes, según su testimonio público, recibir no pocos improperios. «¿Y tú tienes dos carreras? Pues yo creo que eres subnormalita como los niños de nuestros huertos», ha asegurado esta extrabajadora que fue la respuesta del responsable operativo de la fundación, el exsecretario local de las Juventudes Socialistas, Cristian Menacho.

El tercer caso es el de una extrabajadora que contó que fue llamada para trabajar con mujeres, cosa que nunca ocurrió. Parte de la jornada laboral pasaba sin cometidos específicos pese a las condiciones fijadas en el plan Emple@. Según el testimonio, cuando el asunto saltó a la luz pública en ABC la entidad les obligó a trabajar ocho horas y a que eso constara documentalmente. Parte de las personas que estuvieron en este sistema, han emprendido reclamaciones para que las entidades le devuelvan el dinero. Las organizaciones afines al PSOE se han negado a llegar a una conciliación que evite el juicio.

Las diligencias penales se reanudarán el próximo ocho de marzo tras la imputación de la presidenta de la fundación, Ángeles Muñoz.