El PP pide que Parques y Ayuda a Domicilio de Córdoba se contraten con centros especiales de empleo

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, ha propuesto esta mañana que el Ayuntamiento de Córdoba contrate con los centros especiales de empleo determinados servicios locales, como el de mantenimiento de los Parques y Jardines o el de la Ayuda a Domicilio.

En ambos casos, el equipo de gobierno de IU y PSOE, con el apoyo de Ganemos, ha puesto en marcha iniciativas políticas para prestar desde el sector público ambos servicios . Las propuestas tienen difícil encaje en la administración por lo que supondría de costes y de complicaciones técnicas y jurídicas.

Bellido asegura que «como solución social, es mejor que el contrato de mantenimiento de Parques y Jardines o la Ayuda a Domicilio se saquen por lotes a estas empresas, en vez de municipalizar o realizarlos desde empresas municipales. Hay informes técnicos sobre que el precio se dispararía, además del problema con la igualdad y libre concurrencia para accedr a estos empleos». Además, los anuncios de municipalización «generan expectativas falsas a los trabajadores y es una mala solución a medio y largo plazo«. Por el contrario, la propuesta del PP «sí ayuda a colectivos que lo están pasando mal».

El portavoz municipal ha explicado que mediante una ley estatal, los ayuntamientos tienen la capacidad de determinar qué porcentaje de sus contratos externos se pueden y deben dedicar a los centros especiales de empleo , organismos encargados de fomentar la inserción sociolaboral entre colectivos desfavorecidos como personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento de Córdoba, según Bellido, tiene establecido ese porcentaje en un 4% , y aunque reconoció que se ha cumplido en años anteriores con la casa de acogida, «en 2017 y 2018 no se sabe nada» .

Estos centros especiales de empleo han de ser, tal como recordó Bellido, «de interés social» , lo que significa que al menos la mitad de sus socios deben trabajar sin ánimo de lucro, lo que dejaría fuera a grandes empresas nacionales y otras sociedades que cuentan con sus propios centros de empleo, pero que optan a los contratos públicos municipales para obtener un beneficio económico.