Patinetes eléctricos, licencias o administración digital, los retos normativos de Córdoba para 2020

26/12/2019
Actualizado a las 22:45h.

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El Ayuntamiento de Córdoba tiene entre sus propósitos de año nuevo el diseño o la actualización de varias ordenanzas municipales para adaptar la norma a una realidad social cambiante y a los objetivos de gobierno. Ejemplos de ello son el nuevo marco sobre la concesión de licencias en la Gerencia de Urbanismo o la regulación de medios de transporte que no existían hace tan solo unos años y cuya irrupción en el paisaje urbano ha ido, como suele suceder, más rápido que la normativa. Debe decidir también qué hacer con otros asuntos polémicos, como la ocupación de vía pública por parte de bares y restaurantes, y tomar medidas que saquen el Consitorio del anacronismo que rige su relación más directa con los ciudadanos.

Uno de los retos que se marcó el cogobierno de PP y Ciudadanos fue acabar con el «tapón» de los permisos urbanísticos que estaba lastrando el desarrollo económico de la ciudad. De forma paralela al plan de choque puesto en marcha en la Gerencia, trabaja en una ordenanza que pretende agilizar los trámites sin renunciar al control de la ilegalidad. El borrador de esta norma ya ha pasado por la consulta de la patronal, CECO, que ha dado su visto bueno a una propuesta que recoge la filosofía de la ordenanza que no llegó a aprobar IU y que quiere priorizar la fórmula de la declaración responsable garantizando el control con un cuerpo de inspectores potente. Una de las novedades que plantea es reducir el número de formularios que se deben cumplimentar para cualquier iniciativa, que pasarán de 36 a 16 para mitigar la «farragosidad» de la administración.

Los patinetes eléctricos fueron el regalo estrella de hace dos Navidades y a día de hoy son un elemento más de la movilidad urbana. El problema es que se mueven en un limbo legal al que urge poner coto. La competencia de su regulación recae en dos administraciones: el Estado y el Ayuntamiento. Algunas ciudades ya han aprobado sus ordenanzas reguladoras pero el área municipal de Movilidad de Córdoba advirtió que no entraría en el asunto hasta no tener clara la postura estatal, para evitar hacer el trabajo dos veces. En diciembre, la DGT publicó una instrucción al respecto a la que ahora el Ayuntamiento deberá adaptarse. Tiene parte del camino trazado, con un borrador heredado del mandato anterior.

También está pendiente de aprobación el borrador de la ordenanza que regulará el salto del Ayuntamiento a la administración electrónica , que será una hoja de ruta para la aplicación de una serie de medidas a las que el Consistorio cordobés ya llega más que tarde. Uno de los objetivos será mejorar la calidad de vida del ciudadano al acabar con el papeleo y con las colas en Atención Ciudadana. Establece que los cordobeses puedan acceder a todos los trámites y recibir notificaciones a través de la sede electrónica, que también creará un banco único de datos.

Uno de los puntos más calientes del anterior gobierno fue la pugna con los empresarios de la hostelería a cuenta de la normativa de ocupación de vía pública . La ordenanza no se llegó a aprobar pero sí se establecieron retoques por zonas que afectaran a las áreas más conflictivas. El cogobierno de PP y Cs ha decidido aparcar temporalmente el asunto : el presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, afirmó que el diálogo con los afectados se retomaría pero de una forma más discreta, a fin de llegar a un acuerdo. Lo que sí ha puesto en marcha el cogobierno es la renovación automática de los permisos.

También en Urbanismo se ha prorrogado hasta diciembre de 2020 la actual Inspección Técnica de Edificios (ITE), que había caducado sin que la nueva ordenanza se llegara a aprobar en el Pleno. La idea del cogobierno es aprovechar el trabajo que ya hay hecho pero incorporar al texto aportaciones del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social. Se aprobará, según sus cálculos, en el primer trimestre de 2020.

Por su parte, el área de Comercio ha anunciado una reformulación de la ordenanza sobre ambulantes que no supondrá grandes cambios para los afectados ni hará modificaciones sustanciales pero sí permitirá adaptarla a la ley autonómica. El edil Antonio Álvarez explicó que la actual presenta una serie de problemas que dificulta entre otras cuestiones el acceso a subvenciones . También ordenará cuestiones relativas a las competencias de la materia, repartidas entre Vía Pública y Movilidad, Seguridad y Comercio.

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