Tribunales
Oposiciones a bombero en Córdoba: los 29 imputados
El tribunal calificador entero está en la causa, doce técnicos de la Diputación, uno municipal y otro de la Junta
La cifra real de imputaciones en trámite del caso de presunto amaño de unas oposiciones a bombero de la Diputación son, en realidad, algo mayores de las planteadas. El número concreto llega a 29 personas con la duda de si se producirá una trigésima como consecuencia de la responsabilidad penal de una de las entidades citadas, la sección sindical de UGT. Legalmente, las imputaciones o investigaciones permiten involucrar a alguien en una causa cuando existen unas razones indiciarias. Les permite contar con asistencia letrada, acceso al sumario (salvo si es secreto) y una cuestión clave: no tienen por qué decir la verdad .
Es conocido que los dos principales investigados del caso son la vicepresidenta del Consorcio, Dolores Amo (número dos del PSOE), y el gerente de la entidad, J uan Carandell , un técnico que ha tenido distintas responsabilidades siempre con el PSOE. En su caso, es una presunta prevaricación administrativa que, alternativamente, puede convertirse en tráfico de influencias. En el caso del alcalde de Priego en julio de 2017, José Manuel Mármol, se estaría hablando de presunto tráfico de influencias.
En segundo lugar se encuentra un grupo de bomberos que, supuestamente, participaron o se beneficiaron de la situación creada para facilitar los exámenes. Son once personas que han sido llamadas a declarar con asistencia legales e indicios en su contra por un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada.
Lo que no se ha dicho
En tercer lugar, se encuentran todos y cada uno de los miembros del tribunal de las oposiciones. Y aquí es donde el número se viene arriba. Son catorce personas entre titulares y suplentes . El juzgado de instrucción no hace ninguna distinción entre ambas situaciones. Solamente pide a la Diputación que le diga cuáles fueron esos cargos y por cuánto tiempo. La situación es compleja porque se sospecha que hubo dimisiones durante el proceso.
La Diputación ha defendido a Dolores Amo y a Juan Carandell asegurando que no estaban en el tribunal opositor. Y es cierto. No han dicho que el número dos de Carandell, el director técnico, sí que presidía el tribunal. Formaban parte del mismo doce funcionarios de la Diputación, uno del Ayuntamiento de Córdoba y otro de la Junta. En el caso del tribunal, «en función de sus responsabilidades», el auto habla de una presunta prevaricación por cooperación necesaria o tráfico de influencias.
En última instancia se encontraría , el enlace del sindicato UGT que participó en las negociaciones sobre las bases y que llevó los contactos con los responsables políticos. El juez abre la puerta a la responsabilidad penal de la propia sección sindical de esta central en el Consorcio al ser una entidad jurídica. UGT ya ha dicho a sus afiliados que todos los hechos son falsos.
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