Pretérito imperfecto
Pues sí, era ilegal
El revés al tanatorio en San Rafael revela cómo la irresponsabilidad tiene carta blanca cuando quienes pagan son otros
Cecosam , o la funeraria municipal de Córdoba, fue un invento de Rosa Aguilar y Pepe Mellado allá por 2002 ungido por sus congéneres UGT y Comisiones Obreras, lo cual desató una de tantas batallas intestinas sindicales con las huestes de la CGT. Recordarán aquellos señores de negro con ataúd en la puerta de Capitulares o los compañeros del metal con la megafonía del auto circundando la sede del gobierno local. ¿Y para qué se metía un ayuntamiento en un lío como ese? Una supuesta comunista y un socialista esgrimieron entonces la fórmula de una sociedad anónima para «salvar los servicios funerarios» municipales que arrastraban una cuarentena de trabajadores y ciertas pérdidas que en la época podían chirriar. Como casi siempre ha pasado en la Casa de todos los cordobeses, a pequeños problemas, problemas mayores como solución. Nacía una competidora directa de funerarias privadas con dinero de todos, más grasa pública y un nuevo coladero para hacer carnés del sindicato y seguir ganando la guerra por controlar la maquinaria laboral municipal, que es una forma indirecta de controlar el ritmo de la ciudad. El malestar que despertó la medida en el entorno empresarial -a priori, el más perjudicado- fue el justo y necesario. Cecosam era una pieza más con la que se negociaban otras cuestiones en una cafetería del centro de Córdoba entre lo público y lo privado.
Desde aquellas fechas, casi veinte años han pasado ya, el «muerto», con perdón, no ha levantado cabeza, y Cecosam ha seguido siendo un agujero por donde se va el dinero público. Valga un dato: tres cuartas partes de sus gastos van para pagar nóminas. A Nieto , en el mandato de la crisis financiera y la tiesura, le hubiera correspondido cortar por lo sano. A fe que buscaron compradores o socios, pero, como casi siempre, el complejo le pudo al PP para no dar baza a la izquierda rancia asentada en el argumento de la privatización -que ellos suelen practicar con más frecuencia de la que se cree bajo el señuelo semántico de la externalización-.
La sangría continuó hasta que otra alcaldesa, la sin par María Isabel Ambrosio , y su inefable socio de desgobierno Pedro García , en otra reedición del cogobierno de progreso, alumbraron la solución con un tanatorio en pleno cementerio de San Rafael . Un negocio más bajo la competencia desleal que aspiraba a revivir a una empresa municipal sin pulso. Fue tal el empeño que ni los serios avisos de la Intervención Municipal , ni los informes de prestigiosos abogados de esta ciudad, ni las protestas de los trabajadores afectados, ni, sobre todo, lo que el Plan General de Ordenación Urbana decía al respecto -en el núcleo urbano de Córdoba no caben esas instalaciones-, sirvieron para aplacar una operación en la que no se escatimaron recursos económicos y técnicos. «Pues es legal», aseveró ufana la entonces concejala responsable de la cosa, la socialista Mar Téllez , junto a su gerente -hoy edil del PSOE- el día que mostraron el lustroso proyecto.
Pues sí, era... ilegal, señora Téllez. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba acaba de tumbar la licencia otorgada en su día por Urbanismo al tanatorio propinándole una bofetada de realidad a quienes forzaron hasta límites insospechados la norma para sacar adelante una barbaridad. Con el simple argumento de que el Plan General lo deja muy claro, por mucho que se maquillara la operación con el burdo enjuague de informes de mercenarios técnicos que aún campan a sus anchas por la densa grasa del Ayuntamiento.
Un caso revelador, éste y otros muchos, de cómo la inseguridad jurídica y la irresponsabilidad tienen carta blanca cuando quienes pagan son otros.
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