Municipal

Dos empresas se disputan la concesión en Córdoba del suelo comercial de Huerta de Santa Isabel

La Gerencia aspira a ingresar más de cuatro millones por la operación

Terrenos de la Huerta de Santa Isabel Valerio Merino

Rafael Ruiz

Dos empresas (Grupo Alsara y Emilio Caro SL) compiten para quedarse con la concesión de la manzana comercial de la Huerta de Santa Isabel , una operación abierta por la Gerencia de Urbanismo para conseguir recursos económicos de sus propiedades en los planes parciales de nueva creación.

El Consistorio ha conseguido, hasta el momento, una oferta que supera los cuatro millones de euros por el canon total que pagarían las empresas por la explotación del solar con el objetivo de crear una dotación comercial para este nuevo barrio de Córdoba.

Según las ofertas, Alsara es la que ha puesto más dinero sobre la mesa. La cooperativa de detallistas San Rafael asegura que pagará 4,3 millones de euros. La segunda oferta, ligada a la propiedad de la constructora Ferroinsa , ha incluido la cantidad de 3,9 millones de euros. Dado que las concesiones se realizan por medio siglo y que la forma de pago es anual, la Gerencia ingresaría unos 80.000 euros anuales por esta operación ya que el terreno seguiría siendo de propiedad municipal. Todas estas cantidades no tienen en cuenta los impuestos.

La empresa Emilio Caro Carrillo SL ha presentado al análisis municipal un proyecto elaborado por Soldevilla Asociados con un edificio con una fachada de aluminio lacado blanco de tres cuerpos. Pretende llevar a cabo un parking para 77 plazas . Alsara, por su parte, ha presentado un proyecto con dos volúmenes y una sala de ventas de productos de primera necesidad que supera los 1.500 metros cuadrados.

La Gerencia de Urbanismo sacó a concurso la concesión a propuesta del grupo Alsara interesada en crear un nuevo súper de su red de tiendas en los más de seis mil metros cuadrados de parcela que se encuentra entre las calles Escritora Violeta Parra, Diputado Ignacio Gallego y Escritora Silvina Ocampo. La legislación obliga a establecer un procedimiento competitivo previo a la adjudicación basado en el dinero que se está dispuesto a pagar y en aspectos técnicos del proyecto que se pretende desarrollar.

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