El exdelegado de Empleo de Córdoba niega impedimentos en las ayudas a la autoescuela que fundó

El exdelegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Antonio Fernández, ha afirmado en su comparecencia de este martes en la Comisión de Investigación sobre los Cursos de Formación que «no había impedimento legal para firmar ayudas para la Autoescuela Virgen de Luna» de Pozoblanco, en la que participó como fundador en 1983.

Como ya avanzó ABC Córdoba en su día, desde que Fernández fue delegado de Empleo (2004-2012), esta autoescuela multiplicó las ayudas que recibió de la Junta para dar cursos de formación, cuestión que negó el exdelegado.

De igual forma, a preguntas de la diputada de IU por Córdoba, Elena Cortés, el exdelegado de Empleo de Córdoba también ha esgrimido que no existen colisión de intereses en el hecho de que diera ayudas a Prode, asociación que trabaja en Pozoblanco con disminuidos y en la que trabajan dos hermanos suyos.

Antonio Fernández, que ha anunciado que no iba a responder a las preguntas de los diputados de la comisión, sí empleó 27 minutos en su alegato de defensa de la gestión que desarrolló en Empleo, parándose en el caso de las exoneraciones y autoexoneraciones de justificantes de ayudas, para lo cual, empleó una grabación en su móvil con palabras de la comparecencia de éste en esta comisión.

Curiosamente, cuando se le preguntó por las ayudas a Faasa y al posible desproporción en el coste de las horas de cursos de formación pagadas por la Junta respecto a lo reglamentado, como puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en un informe, Fernández ha omitido responder sobre este caso concreto.

El que fuera alcalde de Pozoblanco y exdelegado de Empleo en Córdoba está investigado (la figura que corresponde a los antiguos imputados) penalmente sobre este asunto y por consejo de su abogado se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas, aunque sí ha proclamado su inocencia.

Durante sus palabras ha llegado a esgrimir y a piropear informaciones de ABC Córdoba como supuestas pruebas de que no ha tenido responsabilidad alguna en este asunto, que al mismo tiempo que se instruye en los tribunales se dirime en el Parlamento por sus posibles responsabilidades políticas.