¿Qué se encontraron los administradores del Córdoba CF al llegar al club?

Los administradores judiciales que nombró el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba tras la detención de Jesús León no entraron a las oficinas de un estadio de fútbol. Aquel sábado 9 de noviembre, cuando se asoman al palco del Arcángel en el partido del Córdoba CF ante Villarrobledo, ya llevaban la sensación en el cuerpo de haber transitado por la Casa del Terror. Una muy parecida es la que se instala en la Feria de Nuestra Señora de la Salud a escasos metros del recinto deportivo municipal.

Francisco Estepa y Javier Bernabeu se dan de bruces con la realidad que tantas veces se ocultó hasta que estalló el escándalo. En ese mismo momento, cuando arranca la operación para buscar dinero que sufrague el viaje a Murcia, Estepa solicita al director financiero del Córdoba CF en esos momentos que le proporcione la situación de ingresos y gastos de la entidad a un mes vista . La situación es de «absoluta ruina económica» y en un «escenario de crack económico-patrimonial del club» justo cuando se pone sobre la mesa la solicitud de venta de la Unidad Productiva.

Esos son los calificativos que emplea Estepa en su contestación como administrador concursal a los recursos de la Real Federación Española de Fútbol y Azaveco SL (Carlos González) contra el auto del Juzgado de lo Mercantil sobre activación de la subasta de la unidad de negocio, y a la que ha tenido acceso ABC.

El saldo en bancos asciende en esos momentos a 309,71 euros , siendo la única liquidez disponible los 10.000 euros de la taquilla del partido ante el Villarrobledo en casa. A 30 días, es decir, el próximo 11 de diciembre, el club debe afrontar una deuda ya vencida y exigible de 3.845.880 euros . De esta cifra, un mes antes, esto es, al llegar la intervención judicial, ya hay una deuda vencida de 2 millones, el resto expira treinta días después.

Además, no se contemplan ingresos porque como ya publicó ABC , los ingresos por el descenso a Segunda B así como la devolución por la parte correspondiente al convenio entre la LaLiga y la Federación (en torno a 3,7 millones) de derechos televisivos están trabados por diversos embargos que a 12 de noviembre ascendían a 5.874.778 euros .

Un lastre casi imposible de sobrevellar para una empresa con 127 trabajadores en plantilla en estos momentos, 44 de ellos adscritos como personal no deportivo y 83, deportivo. Todos ellos arrastran a día de hoy el impago de las últimas tres nóminas.