La Cámara de Cuentas de Andalucía suspende la política de Personal de la Diputación de Córdoba

La C ámara de Cuentas de Andalucía deja en un mal lugar a la Diputación Provincial de Córdoba en un informe de su actividad empleadora y de contratación de servicios y que se refiere al año 2015, cuando se produjo el relevo del equipo de gobierno entre el PP y el PSOE. En el ejercicio citado, cuando se estrenaba en el cargo el actual presidente de la institución, Antonio Ruiz, el órgano fiscalizador detectó una serie de anomalías que afectaron a diversas áreas del organismo público, y que la Cámara de Cuentas califica de «incumplimientos legales significativos». Por ejemplo, al Área de Personal.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, «el acuerdo del Pleno de la Diputación provincial de marzo de 2015 por el que se llevó a cabo una modificación de la relación de puestos de trabajo (RTP) no resultó adecuado a la normativa vigente, porque la revisión de los complementos de destino y específico los puestos ya existentes se efectuó sin justificar las variaciones habidas en determinados factores o la apreciación de otros nuevos condicionantes que determinaran una mayor responsabilidad, complejidad técnica o penosidad en el desempeño de aquéllos».

Hay más. El informe de la Cámara de Cuentas tampoco considera ajustado a la normativa vigente otro acuerdo del Pleno «en virtud del cual se incorporaban la casi totalidad de los créditos destinados a la productividad del personal funcionario y laboral en 2014», que ascendían a 583.818 euros, y que correspondían «a ese complemento específico de 2015». Esta decisión de la sesión plenaria, añade la Cámara de Cuentas, «se adoptó contraviniendo el procedimiento que exige llevar a cabo una valoración de los puestos de trabajo».

La política de contratación de personal temporal no sale airosa del escrutinio de la Cámara de Cuentas. Falló la mayor, porque la institución provincial no observó el artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado que permite la contratación de personal temporal o interino sólo en casos excepcionales y «para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en sectores, funciones y categorías profesionales prioritarias o que afecten a servicios públicos esenciales».

La jugada de la Diputación fue incluir en estos sectores prioritarios a «prácticamente todos los servicios que presta y a todas las categorías profesionales», algo que a juicio de la Cámara de Cuentas «supuso dejar sin efecto parte del carácter restrictivo y excepcional que deberían haber tenido las contrataciones de personal interino durante 2015». Así, en nueve de los 27 contratos temporales que analizó el órgano fiscalizador «no se motivan las circunstancias que determinan la urgencia y la inaplazable necesidad, ya que figuran sólo alusiones genéricas».