TRIBUNALES
La Audiencia Nacional sentará a 45 personas en el banquillo por el caso Fitonovo
Entre los acusados se encuentran dos personas de Córdoba: un cargo de la Diputación y otro de Adif
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la pieza principal del caso Fitonovo y propone sentar en el banquillo de los acusados a 45 personas por su implicación en un presunto sistema de pago de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de una organización que tendría como centro esta empresa. Entre los acusados se encuentran dos cordobeses: un cargo de Adif y otro la Diputación de Córdoba.
En el auto por el cual transforma las diligencias a procedimiento abreviado, el juez señala a 32 entidades como responsables civiles subsidiarios y dice que los hechos investigados en esta pieza son constitutivos de los presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.
De la Mata señala que la dirección de Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.
«Obtención fraudulenta de contratos»
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 explica que la prolongación en el tiempo de las prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados, llevan a concluir que «las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal».
En su auto, el magistrado advierte de que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades.
De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas en las ciudades de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias.
