La Abogacía del Estado carga las tintas en los hijos de Rafael Gómez y les pide 118 años de cárcel

El escrito de acusación de la Abogacía del Estado contra el empresario Rafael Gómez carga las tintas contra sus cuatro hijos, en cuanto a penas de prisión, al considerar que tenían un gran peso en ocho delitos contra la Hacienda Pública cometidos también por su padre entre 2003 y 2006. El abogado del Estado eleva a 118 años la petición de prisión (la Fiscalía solicitaba 22 años) para los cuatro hijos de Gómez, acusados de ocho de los 11 delitos de los que también viene acusado el cabeza de familia por dejar de pagar a Hacienda 70 millones.

Sin embargo, y pese a que el cálculo de la responsabilidad civil solicitada por el Estado es similar al del Ministerio Público, 55,5 millones (de forma solidaria y conjunta), y 2,9 millones de los que se considera responsable subsidiario único a Gómez -en total más de 58 millones-, las multas se calculan en el triple de lo defraudado según recoge la Abogacía.

Por su parte, la Fiscalía aseguraba que la multa, aún por fijar, oscilaría entre el valor de lo defraudado y el séxtuplo o quíntuplo del mismo, una vez se determine con precisión el valor de la cantidad no declarada atribuible a cada hijo del empresario.

La Abogacía del Estado en su escrito, al que ha tenido acceso ABC, transita en los mismos términos que el de la Fiscalía, desvelado por este periódico. Es decir, alude a que la causa, que será enjuiciada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba en unos meses, «tiene como objeto la defraudación tributaria cometida por el Grupo Arenal compuesto por Gómez, su mujer y sus hijos».

La esposa de Gómez, exculpada

Una de las pinceladas más curiosas de la Abogacía es que, pese a que en la acusación aparece la mujer de Gómez, al igual que relataba la Fiscalía en su escrito, considera que la señora del empresario y exlíder de la oposición municipal «realmente no tenía conocimiento de la marcha y decisiones de las empresas del Grupo, limitándose a firmar los documentos que se le ofrecían», si bien el abogado del Estado admite «que se beneficiaba de los resultados de las diferentes empresas». Igual que la Fiscalía, no plantea ninguna pena para ella.

Hay que recordar que el Ministerio Público había solicitado una suma de 22 años de prisión a cada uno de los cuatro hijos de Gómez (2 años y 9 meses por ocho delitos cada uno), mientras que la Abogacía eleva las penas entre tres años y 5 años por cada uno de los ocho delitos de los que vienen acusados los hijos de «Sandokán».

Mientras, para Gómez, la pena solicitada por el abogado del Estado es de 39 años (van de los tres de mínima a los cinco de máxima por cada delito) en lugar de los 44 años de cárcel demandados por la Fiscalía (4 años de prisión por cada uno de los 11 delitos de los que viene acusado). Los hechos se remontan a los ejercicios fiscales de 2003 a 2006: cuando Gómez tenía una potente actividad de construcción que extendió a otros sectores como la sanidad privada (Xánit) o el ocio (Tívoli) ambos en Benalmádena (Málaga).

Interés empresarial y personal

La Abogacía del Estado al igual que la Fiscalía recoge que «se produjo una confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales; no existía una línea divisoria entre los activos que estaban destinados a necesidades empresariales de aquellos afectos a satisfacer necesidades particulares». El abogado del Estado recoge que el desorden administrativo y operativo no se limitó a las «operaciones intragrupo», sino que hubo numerosas operaciones con terceros con errores sustanciales.

Los delitos se cometieron tanto en el Impuesto de Sociedades por las distintas empresas del grupo y ejercicios fiscales como en los impuestos del IRPF y del Patrimonio, según la Abogacía del Estado. Las prácticas irregulares de Gómez y sus cuatro hijos, según el escrito de la Abogacía, arrancan en 2003 con la empresa Arenal 2000 SL, con el objeto «de reducir de manera ilícita la cuota tributaria en el impuesto de sociedades de las empresas del grupo familiar, y ello mediante la adopción del régimen de sociedad patrimonial, figura que se creó en dicho año». Como miembros de su consejo están él, su mujer y sus cuatro hijos.

La Abogacía mantiene que por parte de las personas físicas titulares del grupo: es decir, Gómez y su familia, durante estos años (2003/2006) se retiraron en efectivo de diversas cuentas bancarias 60 millones de euros, habitualmente en billetes de 500. Los acusados han manifestado haber destinado ese dinero al «consumo».