El fiscal pide 44 años de cárcel para Rafael Gómez por delito tributario

El fiscal solicita 44 años de cárcel al empresario Rafael Gómez por los presuntos delitos fiscales a los que se enfrenta tras la investigación abierta por fraude en las empresas de su propiedad Grupo Inversor Arenal 2000 S.L., Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2000 S.L. y Arenal 2001 S.L. En concreto, se pide 11 años de prisión por cada uno de los presuntos delitos cometidos en cada una de las sociedades del también líder de Unión Cordobesa (UCOR).

Además, el Ministerio Fiscal solicita una multa que oscilará entre los 57,6 millones y los 342 millones.

El fiscal, que no ha presentado cargos contra la mujer del empresario, también pide una suma de 22 años de prisión a cada uno de los cuatro hijosde Gómez (2 años y 9 meses por ocho delitos cada uno), así como una multa, aún por fijar, que oscilará entre el valor de lo defraudo y el quíntuple del mismo, una vez se determine con precisión el valor de la cantidad no declarada atribuible a cada uno de los hijos del empresario.

La causa iniciada por Rafael Gómez y sobre la que ya existe pronunciamiento de la fiscalía y auto de celebración de la vista oral se fundamenta en una serie de investigaciones de la Agencia Tributaria que entendió que las empresas del exconcejal cordobés no habían satisfecho sus obligaciones con Hacienda.

En concreto, las investigaciones, que abarcan también a sus hijos como administradores de las empresas, aseguran que Gómez dejó de ingresar unos 70 millones de euros en las arcas del Estado en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto de Sociedades. Es, probablemente, la mayor causa fiscal tramitada en Córdoba contra una sola persona.

Los hechos se remontan a los ejercicios fiscales de 2003 a 2006. Es decir, con carácter previo a su detención en la operación Malaya y cuando Rafael Gómez tenía una potente empresa de construcción que se extendió a otros sectores como la sanidad privada o el ocio.

Gómez ha sorteado con cierta suerte, hasta el momento, sus encontronazos con la Justicia. Su acusación en Malaya, por el que estuvo detenido, se saldó con una pena menor por cohecho activo (seis meses de prisión) que ya se encuentra ratificada por el Supremo. Fue absuelto en una causa por desobediencia.