Sindicato Médico denuncia al SAS ante la Fiscalía por «abuso de poder»

El presidente del Sindicato Médico en Almería, Nicasio Marín, ha interpuesto este jueves una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería contra los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por el reiterado incumplimiento de sentencias favorables a los intereses sociolaborales de los facultativos. Esta situación ha desembocado en «una inercia estructural de abuso de poder», ya que la Administración «limita consciente y deliberadamente la tutela judicial de sus empleados públicos».

Los facultativos han denunciando el continuo y reiterado «desacato» a los fallos que reconocen sus derechos como empleados estatutarios y públicos andaluces, que son continuamente recurridas ante instancias judiciales superiores como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o el Tribunal Supremo (TS) con petición de «nulidades históricas» para demorar en el tiempo su aplicación.

Esto se traduce en un «perjuicio económico para el erario público, y al final los ciudadanos son los que pagan los intereses de demora».

Entre los asuntos reclamados en los juzgados y que han sido recurridos por los responsables sanitarios se encuentran aspectos como la regularización contractual de los eventuales y el reconocimiento de todos sus derechos y haberes económicos; así como la reclamación de descansos semanales, por guardias en sábado o la paga extraordinaria de diciembre de 2012. También se incluyen otras que afectan a la situación laboral de las doctoras que encuentran numerosas dificultades para poder compatibilizar trabajo y maternidad.

Los médicos entienden que el abuso de poder de los gerentes del SAS «podría constituir un tipo penal» tipificado como tal en el Artículo 410 del Código Penal, que obliga a las autoridades y funcionarios públicos a «dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia». Los profesionales afectados consideran que «la inhabilitación especial y la multa operarían como advertencias significativas para evitar este abuso de poder de facto que sufrimos año tras año».

Además, Marín ha criticado que los dirigentes del SAS guarden en un cajón sentencias no recurribles y que se han de ejecutar «con la excusa de esperar instrucciones de una lejana e impersonal Sevilla, como si el Servicio Andaluz de Salud o la Consejería estuviera en disposición de desacatar las sentencias». Dicho desacato constituye en su opinión el incumplimiento de un deber constitucional «que es pasado por alto con sorprendente soltura ante ciudadanos estupefactos que en cambio cumplen con sus deberes tributarios y legales».