Declaración de Laura Gómiz por el «Caso invercaria» en una imagen de archivo.
Declaración de Laura Gómiz por el «Caso invercaria» en una imagen de archivo. - josé galiana
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La Policía detecta un fraude millonario en el reparto de ayudas europeas a pymes

La UDEF localiza numerosas irregularidades en expedientes incentivados por el Programa Jeremie, que está tutelado por la Agencia IDEA

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El «caso Invercaria», en la pieza que analiza las ayudas que recibió la productora granadina Kandor Graphics, cuenta con un nuevo atestado del grupo de Blanqueo de la UDEF acerca de las ayudas europeas que recibió esta empresa a través del programa Fondo Jeremie Andalucía, suscrito en 2009 y que supuso la mayor inversión en Europa para facilitar el acceso a financiación de las pymes.

Con un paquete presupuestario de 235 millones y un 80% de esa inversión a cargo de los fondos Feder, la Junta de Andalucía entregó este instrumento financiero a la Agencia IDEA (bajo sospecha en una instrucción iniciada por Mercedes Alaya), que a su vez eligió a la sociedad Soprea (100% propiedad de Invercaria) para que tutelara las operaciones financieras de los proyectos empresariales.

Si bien los expedientes más importantes, dotados con más de tres millones, deben contar con el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, dependiente de la Consejería del mismo ramo.

Una de esas empresas que se benefició de estas ayudas fue la citada productora Kandor Graphics.

En el último atestado de la UDEF que acaba de incorporarse a las diligencias que instruye el juzgado nº 16 de Sevilla, se subraya que esta empresa, como otras que se acogieron a este programa europeo, no reunía los requisitos exigidos por la Comisión Europea en cuanto a las pymes que deben recibir esta muleta financiera.

Dinero para rescatar empresas afines

Así, Europa pedía que fueran proyectos con un alto potencial de crecimiento; que la inversión recayera en firmas andaluzas o que la inversión no saliera de esta comunidad andaluza. Este instrumento financiero estaba vetado para sociedades en crisis, empresarios individuales, UTES y aquellas que pertenecieran a sectores que tuvieran una regulación específica por normativa europea como la agricultura, la minería o la producción audiovisual.

La Policía Nacional ha encontrado numerosas irregularidades en el expediente de Kandor Graphics, que ya fue objeto de análisis en un primer atestado de diciembre del año pasado, en el que la Policía investigó la transferencia de 1,4 millones que realizó Invercaria a esta empresa constituida en 2002 a través de préstamos y de compra de participaciones.

Durante las pesquisas apareció documentación relativa al programa europeo que ha hecho a los investigadores ampliar el objetivo.

En el año 2010 se aprobaron ayudas a cargo del programa Jeremie por importe de cinco millones de euros para la productora a pesar de pertenecer a un sector que estaba fuera del programa y a que presentaba una situación económica crítica. La Policía recoge su estado financiero en 2009, cuando presentaba pérdidas superiores al medio millón de euros.

La mayoría de los proyectos incentivados incumple los requisitos

Ante este cúmulo de irregularidades, la UDEF revisó los proyectos que se acogieron a este programa en el mismo año para comprobar si Kandor había sido una excepción o estaban ante una posible bolsa de fraude que afecta directamente a fondos europeos.

62,2 millones en 2010

Los agentes recogen en su atestado la información aportada por el exconsejero de Economía, Antonio Ávila, sobre las ayudas concedidas en 2010 a cargo del citado programa y que consta en una respuesta parlamentaria. En ella se detalla que fueron 17 los proyectos incentivados con una suma total de 62,2 millones de euros.

De esos expedientes, los agentes encuentran irregularidades en la mayoría de ellos (14). Destacan cómo los fondos europeos acabaron financiando empresas que se declararon en concurso de acreedores, contraviniendo la norma que impedía acceder a estos incentivos a pymes que estuvieran en dificultades económicas.

Entre esos expedientes bajo sospecha está también el de la empresa Urende, que como destaca la Policía, recibió auxilio financiero a pesar de no ser una pyme y que entre 2009 y 2010 había cerrado cinco establecimientos comerciales.

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