Sevilla merece una sala de lo penal del TSJA, según el PP

A la espera de que el CGPJ decida sobre el desplazamiento de dos salas de lo penal del TSJA a Sevilla y Málaga, contínua la polémica por la ubicación de estas secciones a la que se oponen desde Granada. En la mañana de este lunes, la presidenta del Partido Popular de Sevilla, Virginia Pérez, ha señalado que «Sevilla y los sevillanos merecen contar con una sala de lo Penal y no tenerla es ir en contra de los intereses de los ciudadanos y de la propia Justicia» en declaraciones sobre la futura o no nueva sede del TSJA en Sevilla.

Pérez, ha defendido que el hecho de que Sevilla cuente con una sala de lo Penal «no va en detrimento ni en perjuicio de Granada, sino que sería complementario y en ningún caso excluyente».

«La iniciativa presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados para que sólo sea Granada la que cuente con secciones de apelación, sin que ninguna otra ciudad andaluza cuente con este apartado, es descabellada»- y añade- «es un fiel reflejo de lo que la Justicia importa a los socialistas».

«Con decisiones como estas el PSOE no está teniendo en cuenta de las necesidades que tiene nuestra provincia ni Andalucía en materia de Justicia, una iniciativa así sólo supone mayor colapso, mayores retrasos y por lo tanto peor justicia».

El PSOE no puede condenar y obligar a los sevillanos a realizar un viaje de 300 kilómetros para tratar los asuntos que tengan que ser tratados en las Secciones de Apelación del TSJA y debe dar solución al problema que platea este asunto.

Por ello, el PP de Sevilla ha pedido que se reconsidere esta iniciativa y se estudie la posibilidad de que Sevilla también cuente con este apartado jurídico, porque considera que ello «no supone perjuicio ni menoscabo a Granada sino todo lo contrario un complemente vital e imprescindible para la Justicia».

El Poder Judicial decidió hace varias semanas aplazar su decisión sobre el tema tras tomar conocimiento del acuerdo de la sala de lo penal del TSJA, a favor de la creación de esas salas en Sevilla y Málaga, y los escritos remitidos por el Ayuntamiento de Granada y otros colectivos profesionales en contra.