Tribunales

La justicia gratuita cuesta casi ocho millones de euros al año en Sevilla

Más de 63.000 personas tuvieron un abogado de oficio, en la mayoría de los casos, por asuntos penales

Salida del juzgado de guardia ABC

MERCEDES BENÍTEZ

Más 63.000 personas accedieron el pasado año en Sevilla a la justicia gratuita . O lo que es lo mismo, tuvieron derecho a un abogado sin tener que pagar la minuta que normalmente cobran estos profesionales. Según la Consejería de Justicia, que tiene las competencias en la materia, del total de personas que accedieron a la justicia gratuita en Sevilla, 29.690 lo hicieron a través del turno de guardia (es decir, un abogado les asistió para alguna incidencia, detención o declaración en un juzgado) y el resto, 33.923, fue a través del turno de oficio que ofrece letrado a las personas que no pueden pagárselo y que requieren esos servicios profesionales en algún asunto judicial.

Se trata de un servicio público que supone un importante desembolso anual para las arcas públicas. E l año pasado la Junta de Andalucía gastó 43,2 millones de euros en justicia gratuita en toda Andalucía. Sólo en Sevilla el coste de la justicia gratuita ascendió a 7.8 millones de euros. La mayoría de esa cantidad, 6.962.874 de euros fue destinada a pagar a los letrados y el resto, 878.529 de euros, para las minutas de los procuradores. Aún así esa cantidad podría haber sido más elevada ya que, según las estadísticas oficiales, hubo al menos 2.230 personas que obtuvieron una resolución denegatoria de su petición de abogado de oficio.

Pero además esos gastos se verán incrementados a final de año ya que los abogados de oficio, que vieron recortadas sus retribuciones por parte de la administración autonómica en el año 2012 como consecuencia de la crisis económica, han comenzado a recuperarse de esos recortes este año en los pagos referentes al primer trimestre. De hecho, Justicia pagó ya el pasado mes de julio un total de 10,5 millones de euros a los consejos andaluces de colegios de abogados y procuradores por la prestación del servicio de justicia gratuita correspondiente al primer trimestre de 2017. Y entre esos pagos, en Sevilla la Junta abonó 2,1 millones de euros referentes al primer trimestre, que incluía una subida. Eso suponía un incremento del 10 por ciento, mientras que en el turno de oficio los módulos que remuneran a los abogados y procuradores se incrementaban en un 5 por ciento en este ejercicio. El otro cinco por ciento que les queda para recuperar la capacidad adquisitiva que perdieron, llegará el próximo año según aseguran desde la Junta de Andalucía que cuantifica en 9.258 el número de abogados que prestan este servicio en toda la comunidad autónoma.

En cuanto a la tendencia, el número de ciudadanos que acude a pedir uno de estos abogados desciende ligeramente (en toda Andalucía fueron 1.200 menos que en 2015 ).No es una bajada significativa ya que normalmente es un servicio que fluctúa, igual que lo hacen las cifras de la delincuencia cada año.

¿Quiénes acuden a pedir a un abogado? Según explica José Joaquín Gallardo, decano de los abogados de Sevilla, no se puede hablar de un perfil de la persona solicitante de este servicio más allá de que cumplan los requisitos que establece la legislación española para ello y que se basa en criterios económicos. «Son personas con pocos recursos económicos, algunas pobres de solemnidad», explica el decano.

Y normalmente piden abogado para asuntos penales. De hecho, los datos demuestran que son de orden penal las cuestiones para las que los ciudadanos suelen acudir a la justicia gratuita. El pasado año en Sevilla hubo 24.831 resoluciones aprobatorias para justicia gratuita por asuntos penales. En materia civil hubo 8.093 y en lo contencioso administrativo 999. Además la justicia gratuita da derecho a contar con técnicos para informes periciales y puede suponer una reducción del 80 por ciento de los derechos arancelarios para escrituras públicas y la obtención de testimonios notariales.

Además el colegio ha designado ya una docena de letrados para imputados del caso de los ERE. Y en 2014 el dueño de la empresa Consta, José Salas, enjuiciado por una estafa piramidal, también solicitó un abogado de

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación