TRIBUNALES

Denuncian a una clínica de Sevilla por falsificar informes para adopciones

Policlínica Los Remedios elaboró certificados médicos favorables sin haber examinado antes a los padres adoptivos

Una niño con sus padres adoptivos
Una niño con sus padres adoptivos - ABC

La Policlínica Los Remedios, ubicada en la sevillana calle Fernando IV, está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla tras ser denunciados sus responsables por presunta falsificación de certificados médicos para la adopción de un niño ruso. Los denunciantes han sido los propios médicos señalados por rubricar —lo cual niegan tajantemente— los documentos de una pareja asturiana. Estas dos personas firmaron un contrato en julio de 2013 con Aipame (Asociación internacional para la ayuda y protección de menores del este) en la sede de Bilbao mediante el que se iniciaba la compleja tramitación para adoptar al menor. Fue entonces cuando se les requirió documentación diversa y, entre ella, solicitó a la pareja un informe médico en el que debía constar el estado físico y mental de cada uno para garantizar sus buenas condiciones antes de que se tramitase la adopción.

En aquel momento, los protagonistas de la historia residían en Asturias y, por ello, comunicaron a Aipame que se realizarían los chequeos en esa región por comodidad, pero, según consta en la denuncia, la entidad que gestionaba la adopción reaccionó «inmediatamente» enviándoles un correo electrónico en el que «se daba a entender de manera encubierta» que ese informe médico debían hacérselo en una clínica de confianza de Aipame, pues, de no hacerlo, se expondrían a una devolución de los informes por parte del país de adopción al «no cumplir con las exigencias tal y como las solicitan allí». La pareja preguntó a Aipame por tales «exigencias» y la organización les explicó que los informes debían ir firmados por una comisión médica, requisito indispensable para que fueran aceptados en Rusia. Por ello, y teniendo en cuenta que dicha comisión no existía en los centros regionales a los que pretendían acudir los padres de adopción, Aipame «recomendó» que los informes fueran elaborados por parte de la Policlínica Los Remedios, en Sevilla, al tratarse de una clínica con la que habitualmente colaboraban y que conocía las exigencias rusas. Conseguido por Aipame «instalar el miedo en el cuerpo» de la pareja, inmersa en un proceso tan complicado y largo, éstos accedieron a la «recomendación» y contactaron con el centro sevillano.

Estas dos personas preguntaron antes que nada a una interlocutora de esta clínica si, al residir en Asturias, podían realizarse allí las pruebas previas requeridas (un análisis de sangre y una radiografía de tórax) y enviarlas a Sevilla, a lo que la Policlínica Los Remedios no puso inconveniente. Así se convino por las partes en mayo de 2015 y los denunciantes se hicieron esas pruebas en una clínica de Gijón para remitir los resultados a la Policlínica cuando éstos estuvieran listos. Sorprendentemente, sólo una semana después de acordar esa realización de las pruebas previas en Asturias, la interlocutora de la clínica hispalense, a la sazón secretaria y también investigada por los hechos, les llamó por teléfono para comunicarles que los informes estaban ya redactados y se encontraban en una notaría para ser legalizados, pidiendo a los denunciantes que abonasen 800 euros por los mismos.

Pedían 800 euros

Los solicitantes de la adopción quedaron asombrados, ya que no habían facilitado aún a la Policlínica Los Remedios el resultado de las dos pruebas previas efectuadas en Gijón, como el propio centro médico gijonés les confirmó varias horas después. No habían mandado aún a Sevilla los resultados de las analíticas. ¿Cómo era posible que la clínica recomendada por Aipame ya tuviera listos los informes definitivos y les requiriese 800 euros? Sin revisión alguna, el centro sevillano firmó los informes asegurando que la pareja no padecía nada ni tenía antecedente alguno de salud. En enero de 2016, finalmente, la pareja de Asturias viajó a Rusia para recoger al menor, teniendo que realizar en dicho destino nuevamente todas las pruebas médicas a las que se referían los informes elaborados en España, psíquicas y toxicológicas, teniendo que abonar los mismos; el juzgado de Krasnoyarks, que tramitaba el expediente, ordenó la realización de dichas pruebas igualmente en Rusia.

Por estos hechos, «de extrema gravedad» al certificarse el estado de salud de la pareja «desconociendo absolutamente su estado y carecer de una sola prueba», los padres adoptivos trasladaron el asunto al Colegio de Médicos de Asturias incluyendo en su denuncia a seis doctores de la Policlínica, entre ellos a su principal responsable, Eduardo Lobo. Ese colegio comunicó el asunto al de Sevilla, que abrió un expediente que derivó en el actual caso judicial.

Los facultativos afectados han declarado ya todos como testigos, asegurando que ni conocen a las dos denunciantes ni tampoco su firma y su rúbrica en los informes de la Policlínica que los han involucrado, que consideran falsificados. Creen que se usaron ilegalmente sus firmas y sus sellos de colegiados. Alguno de los médicos firmantes ni siquiera estaban ya en la clínica cuando se produjeron los hechos. Éstos terminaron su relación con la Policlínica y llevaron el caso al Colegio de Médicos de Sevilla también en forma de denuncia contra Lobo y su secretaria. La Comisión Deontológica del Colegio, además, abrió en marzo expediente disciplinario a Lobo.

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