Un agente del Seprona recoge muestras en el lugar del vertido, un espacio protegido
Un agente del Seprona recoge muestras en el lugar del vertido, un espacio protegido - ABC
Sucesos

Investigan al presidente de una asociación de arroceros de la Puebla del Río por un vertido al Guadalquivir

La Guardia Civil detectó desde el aire cómo tiraban los escombros de una nave, que contenía uralita, al río

SEVILLA Actualizado: Guardar
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Una inspección rutinaria de la Guardia Civil por zonas protegidas del río Guadalquivir destapó la semana pasada un vertido altamente contaminante de amianto. Dos personas están siendo investigadas por los delitos contra el derecho de los trabajadores, contra la seguridad e higiene en el trabajo y contra el medio ambiente.

Se trata de los responsables de los trabajos que se estaban acometiendo en una finca, ubicada en el término municipal de Puebla del Río, donde se estaban tirando los restos de una nave derrumbada al río. La Guardia Civil comprobó que los escombros poseen gran cantidad de fibrocemento, conocido como uralita.

El Seprona, con ayuda de la unidad de helicópteros, estaba inspeccionando los parques naturales del Brazo de la Torre, río Guadiamar y orillas del río Guadalquivir cuando desde el aire detectaron cómo una máquina retroexcavadora «estaba recogiendo escombros de lo que parecía ser un cortijo o nave derrumbada y los tiraba al margen izquierdo del río», señala un comunicado del Instituto Armado.

Los agentes intervinieron de inmediato. Aterrizaron en la zona y ordenaron la paralización de los trabajos ya que la sustancia que estaba vertiendo al río es altamente tóxica y perjudicial. Además del vertido, la Guardia Civil detectó otras irregularidades como que la empresa que estaba desescombrando no estaba inscrita en el R.E.R.A. (Registro de empresas con riesgo de amianto). Tampoco estaba dada de alta para retirada de residuos tóxicos y peligrosos ni el trabajador maquinista estaba debidamente protegido.

Los propietarios de la finca, que la habían heredado de su padre, no habían autorizado las labores de desescombro

Las dos personas investigadas son el operario que estaba trabajando en la finca en el momento en el que irrumpió la Guardia Civil y el responsable de los trabajos de desescombro, el cual es el presidente de una asociación de arroceros de la Puebla del Río.

Según han confirmado fuentes de la Benemérita a ABC, la nave derrumbada y la finca era propiedad de un vecino fallecido. Sus hijos se habían desentendido de la parcela por lo que estaba en estado de abandono. Los agentes corroboraron que los trabajos se estaban realizando si el consentimiento de los herederos. Al parecer, el citado empresario del arroz estaba limpiando ese espacio con el objetivo de prepararlo para el cultivo de un cereal que es el motor económico de las marismas del Guadalquivir, uno de los principales productores de Europa.

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