Las maratonianas jornadas del juez Miguel Ángel Torres, que instruye el caso Malaya, tuvieron ayer su punto y aparte con la declaración de los cuatro últimos detenidos -de los 30 arrestados en la segunda fase de esta operación que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Marbella-, que aún no habían comparecido ante el magistrado. A la orden de prisión incondicional dictada de madrugada contra Fidel San Román, empresario de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid y constructor, se sumó por la tarde la de Francisco García Lebrón, director comercial de la firma Aifos. Al cierre de esta edición estaba a la espera de su traslado a la cárcel.

De los trece empresarios detenidos el pasado martes por la Policía, son los dos únicos para los que el magistrado ha decretado la prisión incondicional. El resto de los presuntos implicados en la supuesta trama de pagos por tramitar asuntos urbanísticos, dirigida según los investigadores por el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca y que beneficiaba a ex concejales, han que dado en libertad con o sin fianza pero con cargos, la mayoría acusados de cohecho.

En libertad

Es el caso de dos de los arrestados que acudieron ayer a los juzgados. El promotor Gonzalo Fernández, en libertad sin fianza, y Tomás Olivo, propietario del centro comercial La Cañada de Marbella, al que el juez impuso una fianza de medio millón de euros que sus familiares abonaron en el acto. Ambos están acusados de presuntos delitos de cohecho, según informaron fuentes judiciales. Por su parte, el promotor granadino José Ávila Rojas estuvo ayer más de dos horas testificando ante el juez, que le impuso una fianza de medio millón de euros.

«Mi cliente está anímicamente bien. Él sostiene que es inocente y está estupendamente», declaró Antonio Ruiz Villén, abogado de Tomás Olivo, a la salida de los juzgados. Poco después de las nueve y media de la noche el empresario murciano abandonaba las dependencias judiciales acompañado de sus familiares y sin hacer declaraciones. La declaración se había prolongado poco más de una hora.

Sobre las causas del ingreso en prisión de Fidel San Román, que era trasladado en furgón policial hasta la cárcel de Alhaurín de la Torre pasadas las tres de la madrugada acusado de un presunto delito de cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación, fuentes judiciales confirmaron que su nombre aparecería en una de las agendas intervenidas a Roca y en la que se reflejaría el pago de unos cuatro millones de euro.

Sobre el paradero del ex edil Carlos Fernández la Policía está pendiente de que se cumpla la orden del juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, para que comparezca ante él. Mientras, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López, no descartó ayer la posibilidad de nuevas detenciones, ya que la operación no está definitivamente cerrada.

De hecho, la Policía registró de madrugada en Málaga la nave de la constructora Ziur, del grupo promotor Aifos.