«Ninguno de nosotros ha estado ni negociando ni rebajando la extorsión». El ex presidente del PNV, Xabier Arzalluz, fue tajante ante el juez Fernando Grande-Marlaska, quien ayer le interrogó como testigo en el sumario abierto contra la red de chantaje de ETA. El veterano político, que durante los 50 minutos de declaración negó con insistencia que su partido haya mediado nunca en los pagos a la banda, denunció a la salida del juzgado la «politización de la justicia» y advirtió que esta dinámica puede conducir a que el PNV «impugne la Constitución».

El ex dirigente nacionalista llegó a la Audiencia Nacional a las 9.50 horas, escoltado por un nutrido grupo de policías y por buena parte de la plana mayor de su partido, entre ellos el presidente, Josu Jon Imaz; el portavoz de la formación en el Congreso, Josu Erkoreka; y los diputados Emilio Olabarria, Margarita Uría o Pedro Aspiazu. Durante el interrogatorio, en el que fue tratado de manera «exquisita» según sus propias palabras, fue preguntado sobre un pinchazo telefónico en el que Arzalluz hablaba con su interlocutor sobre la «preocupación» que la recepción de una carta de extorsión recibida tras el alto el fuego había provocado en un empresario. El ex presidente del PNV aseguró que en esa conversación no se habló de si se debía pagar o no, sino que el político dejó claro que «no aceptamos una tregua con extorsión». Fuera del juzgado, el ex responsable nacionalista dijo que «por supuesto» que el PNV ha conocido durante años los casos de extorsión, pero que desde el partido siempre se ha dado la misma consigna: «no paguéis». Explicó que en su formación existe una «ley interna por la que se prohíbe a cualquier afiliado del PNV a pagar ningún impuesto ni a ETA ni a nadie, so pena de expulsión». Xabier Arzalluz, no obstante, admitió que «a veces se presentan casos en que alguno ha pagado» y se preguntó «¿qué haces con él?». El político vasco, no obstante, señaló los cambios que, en su opinión, se han detectado en las cartas enviadas por ETA tras el alto el fuego. Según su versión, las misivas recibidas tras el cese de actividades se «han intentado justificar» en que «eran compromisos (de pago aplazados), que se habían tomado antes» del anuncio del 22 de marzo. Así, destacó que las cartas enviadas tras la tregua tienen «otro tono». «Vienen prácticamente a pedir la colaboración para el proceso de paz. Ya no es eso de que le vamos a hacer esto y lo otro a usted y a su familia. Es otra cosa», destacó.

Al margen de la extorsión de ETA, Xabier Arzalluz aprovechó su paso por la Audiencia Nacional para criticar la «politización de la justicia». El ex dirigente, que confesó que era la primera vez que acudía a una citación judicial, dijo haber ido con «mucha prevención» a la Audiencia Nacional, a la que calificó de «tribunal de orden público».

Arzalluz, que recordó las investigaciones abiertas contra Juan María Atutxa o contra el lehendakari Ibarretxe a cuenta de la reunión con Batasuna, denunció la persecución judicial contra el PNV. El antiguo responsable nacionalista dijo ver «con mucha preocupación» este proceso de supuesto acoso y advirtió que «si siguen las cosas por este camino puede llegar el momento en que impugnemos la Constitución y no la acatemos». Todo ello, tras insistir en que el PNV no votó a favor de la Carta Magna, aunque hasta ahora siempre la ha acatado. «La ley antiterrorista va contra el nacionalismo, no contra ETA», señaló el testigo, quien dijo que la Audiencia Nacional está siguiendo la «línea Bush», en la que «poniendo el terrorismo por delante, todo vale», incluso considerar a los vascos como «ciudadanos de segunda clase».

'Jueces-estrella'

Por su parte, Josu Jon Imaz denunció que las «actuaciones de jueces-estrella no ayudan» en el camino de «consolidar la paz». En este sentido explicó a las puertas de los juzgados que «la sociedad vive un momento de esperanza y es obligación de todos dar pasos que ayuden a hacer la paz irreversible».

Según el máximo responsable del PNV, tanto Arzalluz como Gorka Aguirre (imputado en la causa del impuesto revolucionario), son «dos personas con un fuerte compromiso en contra de la violencia en Euskadi y a favor de la paz», por lo que tildó de «indignante» y «absurda» la actuación de Grande-Marlaska.

Aguirre declarará hoy a partir de las cuatro de la tarde ante el magistrado, quien, habida cuenta del delicado estado de salud del responsable del PNV imputado -fue operado recientemente para implantarle un cateterismo-, se desplazará a Bilbao para interrogarle en la sede del Juzgado Decano de la capital vizcaína. La abogada de Aguirre, Arantza Isasmendi, personada desde ayer en la causa, intentó sin éxito asistir a la declaración de Arzalluz. Isasmendi anunció una queja formal ante el juzgado.