El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska mantiene en secreto desde hace un año una investigación judicial sobre el cobro del impuesto revolucionario, al margen del sumario que la pasada semana desencadenó la detención de doce supuestos activistas en España y Francia. Una decena de empresarios vascos y navarros han sido ya interrogados. El origen de esta investigación son varios documentos incautados a responsables financieros de ETA en Francia el pasado año, en los que aparecían los nombres de los empresarios que ahora están siendo citados y las cantidades que supuestamente habrían abonado a la banda terrorista.

Todos los empresarios que han pasado hasta ahora por el juzgado de Fernando Grande-Marlaska han declarado como imputados para, según la Fiscalía, «aumentar sus garantías procesales» al ser interrogados en presencia de sus abogados de confianza. Las últimas indagatorias del magistrado en esta causa han sido esta misma semana: el lunes por la tarde interrogó a dos empresarios cuyo nombre no ha sido dado a conocer y ayer martes tomó declaración en absoluto secreto a otros dos.

Entre tanto, Grande-Marlaska continuó ayer también la instrucción del conocido sumario 86/98 con la detención en Guipúzcoa de dos nuevos implicados en la trama de extorsión de ETA a empresarios vascos y navarros. Durante la mañana de ayer, efectivos de la Comisaría General de Información arrestaron en la localidad guipuzcoana de Fuenterrabía a Emilio Castillo González de Mendívil, de 65 años, y en Irún a José Ignacio Elosúa Urbieta, de 58 años. Este último sospechoso es hermano es Joseba Imanol Elosúa, el presunto jefe en España de la red.

Además, el juez tomó ayer declaración como testigos a la esposa y al hijo de Elosúa. Ambos fueron interrogados por separado durante una hora, aunque no trascendió nada de su interrogatorio.