La secretaria de Política Local y Autonómica del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido hoy en nombre de su partido al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que actúe "con todos los elementos que le da el Estado de Derecho" contra el líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, por participar en la manifestación de esta mañana en San Sebastián, dos días después de salir de prisión en libertad condicional.

"Se ha producido la paradoja de que se están manifestando aquellos a los que se prohibió manifestarse y lo hacen en contra de esa prohibición", ha denunciado Sáenz de Santamaría desde la sede del PP en Génova, en alusión al auto del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que recientemente prohibió el acto de Batasuna en el Kursaal de San Sebastián. La responsable del PP ha pedido al Gobierno vasco y al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que expliquen por qué "al final los mismos se salen con la suya" y el hecho de que estos manifestantes, con Otegi entre ellos, "han marchado por las calles de San Sebastián en el mismo día y la misma ciudad en la que habían pedido manifestarse y lo había prohibido la Audiencia Nacional".

En consecuencia, Sáenz de Santamaría ha instado a Conde-Pumpido a que no avale "cambios de criterio" como el que tuvo lugar en la petición de libertad condicional de Otegi y que "desgraciadamente" no ha sido "lo más acertado y oportuno". "El fiscal general, lo que no puede hacer es aplicarse la máxima que le vimos el mismo día que se anunció el alto el fuego, de que a lo mejor deberían plantearse ciertas cosas. El Estado de Derecho no admite planteamientos, debe seguir rigiendo con toda su vigencia y rigor porque es lo único que garantiza la tranquilidad de los ciudadanos como la seguridad jurídica y la libertad de todos".

Legalización de Batasuna

Sáenz de Santa ha reclamado asimismo al Gobierno socialista que explique por qué una diputada de su formación -Gemma Zabaleta- ha dado su apoyo junto a militantes y dirigentes de Batasuna a un texto "donde no se condena la violencia, donde se pide un diálogo sin condiciones y donde además se insiste en el derecho de los vascos a decidir y cambiar su marco político", en referencia a la declaración suscrita ayer en el Palacio de Miramar de San Sebastián por mujeres parlamentarias, de partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos, entre las que figuraron Gemma Zabaleta (PSE-EE), Begoña Errazti (EA) y Jone Goirizelaia (Batasuna).

Además, ve igual de preocupante que se apunte que el próximo ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha fijado dos aspectos fundamentales para desarrollar el 'proceso de paz': la legalización de la izquierda abertzale y un cambio en la política penitenciaria. "El PSOE tiene que decir si es esto verdad. El PP espera que esa información no sea cierta y que no vaya al Ministerio para esto porque, en ese caso, los principales temores de ese nombramiento, empezarían a verse confirmados".

En caso contrario, pondría de manifiesto que el ex ministro de Defensa, José Bono, es la primera víctima del Estatuto de Autonomía de Cataluña. "En la España de Zapatero no cabe ni siquiera alguno de sus ministros y es evidente para todos que una persona que defienda la igualdad de todos los españoles y que considere que no hay más nación que la española, lo tiene muy difícil para seguir en un Gobierno", concluyó.