La tramitación de la OPA de Gas Natural sobre Endesa y el acuerdo suscrito por la gasista con Iberdrola han quedado suspendidos al presentar ayer la compañía presidida por Manuel Pizarro en el juzgado tres avales bancarios por importe total de 1.000 millones de euros, la cantidad requerida por la juez Miriam Iglesias. La garantía se la han proporcionado tres bancos, pero no Caja Madrid, que es accionista de referencia de la eléctrica.

La gasista, por su parte, ha ampliado sus denuncias ante la Comisión del Mercado de Valores y acusa a Endesa de infracción de los artículos 81 de la ley del Mercado de Valores y 14 de la ley de OPA, que exigen confidencialidad e imponen el deber de pasividad a los gestores de la empresa que es objeto de una oferta. «Los contactos se habrían seguido produciendo incluso ahora», argumenta. Considera que existen indicios suficientes para sospechar que Endesa facilitó información privilegiada a E.ON, proporcionándole proyecciones financieras, y orientándole en sus hipótesis de valoración de la eléctrica antes de anunciar la oferta.

Plazo

Sin apurar el plazo, que vencía hoy, Endesa presentó ayer en el juzgado número 3 de lo Mercantil de Madrid un aval de BBVA por 500 millones de euros, otro del SCH por 250 millones y un tercero de Banesto por la misma cantidad. Con ellos responderá de posibles daños que pueda ocasionar la paralización.

En la práctica, todo el proceso se ve afectado. La OPA de E.ON sigue la tramitación de los permisos administrativos necesarios pero, cuando los obtenga, habrá de esperar a que la oferta de Gas Natural quede liberada. La CNMV ha establecido que «todas las ofertas» se frenarán para competir en igualdad en el proceso de mejora en sobre cerrado. Pizarro adelantó que pedirá el levantamiento de las medidas cautelares si la oferta alemana supera los escollos, argumentando que «actúa en interés de los accionistas», permitiendo que elijan la propuesta más sustanciosa. También retirará el aval en el caso de que se rompa el pacto entre la gasista e Iberdrola.

La presentación de los avales representa para Endesa un gasto estimado entre 4 y 5 millones de euros en comisiones. Incluso si pide el levantamiento de la suspensión, puede incurrir en un coste adicional como compensación por la paralización. Por ello, Endesa ha puesto a la venta activos inmobiliarios por valor de 1.000 millones a través de su filial Bolonia Real Estate.