La Comisión Europea ha emprendido la marcha hacia una confrontación mayúscula con buena parte de los socios de la UE, a cuenta de la liberalización de los mercados energéticos. Bruselas procedió ayer contra 17 socios, España entre ellos, por la deficiente liberalización de sus mercados energéticos. El recurso contra la reforma de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no ha sido incluido en este paquete.

En el caso de España, la CE también ha decidido plantear recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE por la denominada Ley anti-Electricité de France de 1999, que permite al Gobierno limitar los derechos de voto de empresas públicas extranjeras en sociedades eléctricas españolas.

Aznar dictó aquella norma para evitar que empresas estatales extranjeras del sector de la energía asumieran posiciones dominantes en los consejos de administración de empresas españolas privatizadas. El mecanismo de la ley era simple: si una empresa pública pretendía hacerse con más del 3% de una sociedad española, el Consejo de Ministros tenía que dar su autorización. Bruselas la cree contraria a la libertad de movimiento de capitales.