Más de setenta viviendas ilegales de la provincia ya tienen sentencias de demolición

Más de setenta viviendas ilegales diseminadas por la costa gaditana (desde Sanlúcar hasta Barbate) están condenadas a ser derribadas por infringir los planes urbanísticos municipales u ocupar espacios protegidos por su valor ecológico. Sobre cada una de ellas pende una sentencia judicial que ordena que desaparezcan. Su derribo definitivo, sin embargo, se hace esperar en la mayoría de los casos, a veces incluso durante meses y en ocasiones años. El 2008 fue un año destacado en la lucha en los tribunales contra los delitos urbanísticos, y en el que más sentencias de demolición se decretaron en los tribunales gaditanos contra viviendas construidas de manera irregular.

En enero de 2008, hace justo un año, el número de sentencias firmes en este sentido, apenas superaban las 20. A lo largo del año, en cambio, el número de órdenes judiciales que obligan a tirar las viviendas como pena por un delito fue de 62, según la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz, que ha cursado las denuncia de la mayoría de ellas. A estas 62 hay que sumar aquéllas de años anteriores que aún no se han ejecutado. Sólo en el municipio de Chipiona, existen 20 viviendas con sentencias de este tipo. Aunque la lista de denuncias abarcan otros municipios como Chiclana (como las viviendas de Cantarranas, pendientes de demolición), Sanlúcar o El Puerto.

La lentitud en la ejecución, en estos casos, no es achacable al sistema judicial, sino a la demora de los ayuntamientos en aplicar las órdenes judiciales y aplicar la ejecución. Según explica Ángel Núñez, fiscal de Medio Ambiente en el área de Cádiz, el derribo y las costas han de asumirlos el propietario de las viviendas, y cuando éstos se niegan o alegan no poder realizarlos, la responsabilidad recae en los ayuntamientos. Sobre ellos, sin embargo, pesa una cada vez mayor presión social por parte de los propietarios de viviendas ilegales, organizados en muchos municipios como asociaciones de vecinos capaces no sólo de retrasar demoliciones sino incluso de iniciar procesos de legalización de viviendas, como los planeados en El Puerto o en Chiclana, una de las localidades con mayor número de viviendas irregulares de la provincia (en torno a 30.000). El último ejemplo de esta movilización vecinal se dio el pasado mes de diciembre, cuando casi un millar de chipioneros salieron a la calle en solidaridad con Antonio Galán, un vecino de la localidad al que ayer, 1 de febrero, expiraba el plazo marcado por el ayuntamiento para abandonar su casa en suelo rústico, en las afueras del municipio. En esta ocasión, ha sido el Ayuntamiento quien inició la denuncia ante Fiscalía y quien ha asumido la demolición de la vivienda. Aunque la presión popular y una solicitud de aplazamiento por parte de Antonio Galán (que alega no disponer de una vivienda alternativa para alojarse junto a su familia) ha permitido que el derribo se aplace temporalmente.

El criterio del derribo

Pese a esos retrasos, el hecho de que cada vez más sentencias incluyan derribos como penas por delitos urbanísticos pueden ser consideradas un avance para la Fiscalía, que en los últimos años ha logrado que los magistrados de la provincia adopten de forma casi unánime el criterio defendido por el fiscal Ángel Núñez: la demolición como pena. Ya que hasta ahora, las infracciones de las normas urbanísticas quedaban generalmente impunes o se penaban con sanciones económicas menos coercitivas.

De hecho, la primera sentencia por delitos contra el territorio en la provincia que ordenaba el derribo de un inmueble ilegal se decretó hace poco más de dos años, en 2006, dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, que obligaba a echar abajo una casa situada en la pedanía barbateña de Zahora. A esta sentencia la siguieron ese mismo año otras cinco similares, de los juzgados de lo Penal de Cádiz y Algeciras.

Obra Nueva

La lucha contra la construcción ilegal de viviendas se libra en los juzgados también en otros frentes, que demuestran cómo el fenómeno de las viviendas ilegales no son sólo ejemplos de particulares infringiendo la ley. Operaciones policiales como la conocida Obra Nueva, destaparon en 2007 cómo la construcción ilegal había generado todo un negocio que se valía de una trama de falsificaciones documentales de certificados de obra nueva para viviendas recién construidas, que se databan con un mínimo de cinco años con el fin de prescribir su ilegalidad.

La operación de la Guardia Civil originó que este nuevo delito llegara a los juzgados gaditanos a lo largo de 2008, aunque aún son pocas las sentencias dictadas para este tipo de casos. También en este frente, la Fiscalía ha batallado en los juzgados por imponer un criterio penal por el que se considere a los arquitectos como funcionarios públicos, y el delito de falsificación pase a ser de documento privado a documento oficial, agravándose por tanto las penas. En este caso, la asunción de este criterio por parte de los jueces se ha hecho esperar más, asta que la semana pasada la Audiencia Provincial de Cádiz establecía como válida la interpretación penal de la Fiscalía, que además a lo largo de 2009 podría verse reflejada en la próxima reforma del Código Penal.