Fisuras en el chavismo tras el nuevo autogolpe de Maduro

En su segunda intervención sonada contra el presidente Nicolás Maduro, la fiscal general del Estado, Luisa Ortega Díaz, ha acusado al Gobierno de tomar «decisiones que no están de acuerdo con la ley». En una entrevista con The Wall Street Journal, la fiscal se refirió en tales términos al proyecto de Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente «ciudadana» –es decir, con personas y grupos leales al sistema– para cambiar la Carta Magna y anular a la oposición democrática. «No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no van acorde con la ley», afirmó

La fiscal general defiende la Constitución que el expresidente Hugo Chávez dejó en herencia.

«Esta Constitución es inderrotable. Es la Constitución de Chávez», afirmó. Luisa Ortega ya se pronunció hace un mes contra la sentencia del Tribunal Supremo de anular las competencias de la Asamblea Nacional, lo que provocó una posterior rectificación parcial de la misma. Pero la ruptura constitucional continúa, agravada con la convocatoria de la Constituyente «comunal».

También el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel pidió a Maduro que rectifique y «escuche la voz del pueblo», frente a la ola de protestas. «Los tiempos no pueden estar marcados por la sangre de nuestra gente», afirmó.

Al tiempo que Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral, condenó también la decisión del presidente: «Estamos frente a una posible amenaza importante al sistema democrático y al régimen constitucional de 1999», señaló.

Comparto con ustedes declaraciones que ofrecí hoy sobre la iniciativa de ANC presentada por el Presidentehttps://t.co/wiwU8zwRMQ

— Rector Luis E Rondón (@RondonCNE) May 3, 2017

En paralelo a las fisuras que afloran en el seno del régimen, la represión contra las protestas no cesa. Este jueves, y después de 34 días de manifestaciones, los cuerpos de seguridad del régimen arremetieron contra los estudiantes universitarios que en todo el país salieron a la calle para protestar. La represión y violencia han dejado hasta ahora un saldo de 35 muertes en poco más de un mes.

Protestas de estudiantes en las calles

El movimiento estudiantil tomó de nuevo la calle en las principales capitales de Venezuela para repudiar la fuerte represión que el miércoles acabó con la vida de Armando Cañizalez, de 17 años, por el impacto de una bomba lacrimógena en el cuello, una acción policial que dejó también más de 300 heridos entre ellos 4 diputados. Cañizalez era músico de la orquesta juvenil municipal de Baruta, ayuntamiento de la región de Caracas, y quería estudiar medicina.

Los estudiantes salieron desde cada una de las 30 universidades públicas pero en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, la Guardia Nacional (GN) y la Policía Nacional (PN) bloquearon sus puertas y los jóvenes no pudieron manifestarse sino en el interior de la ciudad universitaria.

En cambio los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) lograron marchar y acercarse a la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán, oeste de Caracas, para entregar a los obispos una carta dirigida al Papa Francisco en la que relatan todo el sufrimiento que están viviendo con la represión.

Veto a la fiscal en la televisión venezolana

En la entrevista otorgada a The Wall Street Journal en su despacho de Caracas, la fiscal Ortega condenó también la violencia estatal contra los manifestantes. «Es tiempo de dialogar y negociar. Significa que uno tiene que alcanzar decisiones por el bien del país», agregó la fiscal en conversación con el rotativo norteamericano. Ese planteamiento es inusual en un alto oficial de Venezuela, como Ortega Díaz, que ha sido señalada como rápida para encarcelar a presos políticos de oposición mientras oculta casos de rampante corrupción.

El WSJ informa que los discursos de la fiscal general ya no son transmitidos en directo por los medios públicos, que a la funcionaria le retiraron los guardaespaldas y que el gobierno ha optado por usar los tribunales militares para ignorar al Ministerio Público que encabeza Ortega Díaz.