Los fallos policiales tras el atentado de Berlín acorralan al gobierno de Angela Merkel

Tras una jornada en la que se acumulaban las críticas contra la investigación del atentado de Berlín, la canciller Merkel se presentó ayer en la sede de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA), para supervisar el trabajo personalmente y defender la labor de las fuerzas de seguridad alemanas. «Confío en la pronta detención» del terrorista, dijo, añadiendo que se sentía «orgullosa de la prudente reacción de la mayor parte de los alemanes». Con esa última frase, Merkel trataba de dejar en segundo plano la creciente polémica a raíz de los fallos policiales que permitieron huir al tunecino Anis Amri y de los vacíos legales y complicada burocracia que durante meses evitaron que la Policía, a pesar de tener información sobre sus planes terroristas, no lograse encarcelarlo o deportarlo.

Algunas de las más duras críticas surgían desde el partido de Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CDU). «No es así como garantizaremos la seguridad de Alemania», denunciaba Armin Laschet, uno de sus responsables: «Las informaciones que tenemos sobre la forma en la que las autoridades trabajaron son chocantes». Laschet se refería al hecho de que la Policía perdiese un día completo con un falso sospechoso, un paquistaní que tuvo que ser puesto en libertad porque no había una sola prueba contra él y que había sido detenido sobre la única base del dedo acusador de un testigo en la calle. Solo después de ese episodio repararon los investigadores en un documento bajo el asiento del conductor del camión en el que constaba el nombre y apellidos, dirección y permiso de residencia del verdadero asesino. Y solo dos días después del atentado se puso nombre a las huellas digitales sobre el volante del camión.

Una vez establecida su identidad, la Policía fue capaz de reunir un expediente que permanecía disperso en diferentes oficinas de distintos estados federados y que venía a relatar cómo el tunecino pudo entrar en Alemania, a pesar de haber pasado cuatro años en una cárcel italiana; cómo a pesar de haber intentado comprar armas y reclutar cómplices para un atentado un juez lo puso en libertad por falta de pruebas; y cómo las comunicaciones en las que se ofrecía a miembros de Daesh para un atentado suicida no impidieron que siguiera circulando por Alemania impunemente.

Falta de coordinación

El caso de Amri pone en evidencia los déficits del sistema: «Como si miráramos con lupa», reconocía ayer el también cristianodemócrata Stephan Mayer. La falta de coordinación entre las administraciones le permitió utilizar diferentes identidades impunemente y la burocracia de la deportación le dio tiempo para atentar antes de que pudiera ser expulsado. La prensa habla de «pifia» de las autoridades. El diario Darmstädter Echo ha acusado en su editorial al federalismo de representar «un riesgo para la seguridad», mientras que desde la oposición se piden responsabilidades.

El presidente del Partido Liberal (FDP), Christian Lindner, se rasgaba ayer las vestiduras por los «fallos catastróficos» de las autoridades, apuntando al ministro de Interior de Renania Norte-Westfalia, Ralf Jäger, y defendiendo, si es necesario, el uso de pulseras electrónicas para que todos los sospechosos que se hayan interesado por el yihadismo sean seguidos constantemente.

Para añadir más leña al fuego, los reiterados registros y redadas efectuados por la Policía en Dortmund y Berlín, así como en varios albergues para refugiados y en un autobús en Heibrun, no dieron ningún fruto. Cuatro personas fueron detenidas minutos antes de que la Fiscalía General saliese a desmentir que tuvieran relación directa con el atentado. Los barrios de Prenzlauerberg, Kreuzberg y Moabit fueron escenario de patadas en la puerta e interrogatorios a todos los vecinos de edificios enteros sin que nadie haya podido dar una pista del paradero del asesino. La única finalidad de esta actuación parece ser la de presionar a los círculos salafistas con los que se relacionaba el sospechoso y que podrían ahora estar ayudándole a huir.

Petición policial

Rainer Wendt, presidente de un gran sindicato policial, calificaba anoche de «vergonzoso» este debate, «sobre todo porque son los políticos los que hacen a los Anis Amri». También expuso que dejar entrar al país a personas sin identificación dificulta tremendamente la labor policial y pidió más capacidad de maniobra legal para efectuar detenciones.

Un extraño tuit del líder del movimiento xenófobo Pegida, Lutz Bachmann, contribuía además a poner en duda la lealtad constitucional de al menos parte de la policía. Menos de dos horas después del atentado, cuando el único sospechoso era el paquistaní que mantuvo entretenidos a los investigadores, Bachmann apuntaba a un «nacional tunecino» como autor de los hechos y citaba «información interna de la dirección de la Policía de Berlín», dando a entender que contaba con información privilegiada. Y la ya maltrecha reputación de los programas de integración cayó definitivamente al suelo cuando la madre del sospechoso, Nur al Huda, protestaba desde Túnez por el hecho de que su hijo, que nunca había sido religioso en su país, se hubiera convertido y radicalizado en Alemania.