El Gobierno rumano seguirá adelante con el decreto que suprime delitos de corrupción

El Gobierno rumano no dará marcha atrás en su decreto para anular algunos delitos por corrupción pese a la multitudinaria protesta en Bucarest el miércoles, en la que se dieron cita 250.000 personas; la dimisión del ministro de Comercio y las críticas recibidas tanto del presidente del país, Klaus Iohannis, como internacionales.

El subsecretario general del Partido Social Demócrata (PSD) en el gobierno, Codrin Stefanescu, ha manifestado en declaraciones a la prensa que «no retiraremos nada. Seguiremos adelante, tenemos una votación detrás, prometimos a los rumanos que quitaríamos las esposas en Rumanía, que les daríamos pensiones, salarios, empleos, que son las cosas por las que nos votaron».

Este anuncio coincide con la decisón del ministro de Justicia rumano, Florin Iordache, de dejar temporalmente sus funciones en manos del secretario de Estado.

«El motivo de traspasar las atribuciones se debe a la actividad intensa del ministro para aprobar el presupuesto de 2017», explicó una portavoz del ministerio. Con todo, el ministro aseguró que no dimitirá de su cargo y que este traspaso de poderes, válido hasta el día 7 de febrero, es sólo para quedar liberado de la actividad «corriente».

Por su parte, el ministro de Comercio, Florin Jianu, anunció también su dimisión al entender que la aprobación del decreto ha sido un error, y Mihai Chirica, uno de los vicepresidentes del Partido Socialdemócrata, pidió incluso la dimisión de Iordache, al que considera responsable del decreto.

El presidente rumano, Klaus Iohannis, ha pedido la intervención del Tribunal Constitucional y que se celebre un referendo sobre el tema.

El decreto ley del Gobierno, en el poder desde principios de enero, ha sido criticado también por la Comisión Europea, que lo considera un retroceso en la lucha contra la corrupción.

Fin de un juicio en curso

El decreto aprobado por el Gobierno socialdemócrata liderado por el primer ministro, Sorin Grindeanu, conlleva la despenalización de los delitos de abuso de poder en los que haya implicadas cifras inferiores a 200.000 lei (menos de 44.000 euros).

Eso pondría fin al actual juicio en curso contra el líder de los socialdemócratas Liviu Dragnea, que está acusado de usar su influencia política para conseguir salarios estatales para dos personas que trabajaron en la sede de su partido entre 2006 y 2013.

Preguntado sobre si cree que el líder del Partido Socialdemócrata, Liviu Dragnea, está detrás de la reforma del Código Penal, el mandatario se ha mostrado seguro de que así es y ha subrayado que tiene que haber una separación de poderes en un Estado de derecho.