Álvaro Uribe: «El ataque en Bogotá demuestra que el terrorismo retoma su fuerza en Colombia»

Pocos expresidentes pueden marcar la agenda de su país como hace en Colombia Álvaro Uribe Vélez (Medellín, 1952). Si el plebiscito del No a los acuerdos del Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC tuvo un ganador, fue él, padre de una corriente llamada uribismo, que a falta aún de presentar candidato oficial se mantiene arriba en las encuestas para las elecciones de 2018: «El que elija Uribe» lideraba sondeos recientes en la pregunta de «quién quisiera que fuera el próximo jefe de Estado en Colombia». Para los defensores de su legado, Uribe fue uno de los principales estadistas de la pasada década; según sus oponentes, él es el hombre que está torpedeando la paz en Colombia, como rezaba un editorial de «The New York Times» del pasado otoño.

Agotado tras un largo viaje de avión, el senador por el partido Centro Democrático responde como puede y pese a «la falta de lucidez», alegando «jet lag» por el vuelo transatlántico, a las preguntas de ABC en una entrevista en el hotel Ritz, ante una semana de actos y desayunos informativos en España.

¿El atentado del pasado sábado contra un centro comercial de Bogotá en el que murieron tres mujeres demuestra que no se está acercando la paz para Colombia?

Bogotá ha sido víctima de una serie de atentados terroristas que no se les había prestado atención en los últimos años. No hay claridad sobre quién puso la bomba el pasado sábado, pero sí queda claro que el terrorismo está tomando fuerza nuevamente en Colombia. En 2002 hubo 1.645 casos de terrorismo, en el 2010, 471, y subió a 763 en 2014. Con los anuncios de la impunidad a las FARC bajó a 215 en 2016, pero ya empieza nuevamente a presentar una tendencia grave de deterioro. La causa es un país que tiene falta de autoridad, desmotivación de las Fuerzas Armadas y el mal precedente de impunidad al terrorismo.

Ivonne, colombiana de Cali residente ahora en Madrid, y su familia no soportan a Santos y temen como usted el repunte de la inseguridad ciudadana y que su país se convierta en otra Venezuela. ¿Cree en serio que Colombia puede llegar a una situación similar si siguen estos acuerdos?

Venezuela tuvo unos años de mucha paz, mientras Colombia tenía mucha violencia. Cuando empieza a bajar la violencia en Colombia, empieza a subir en Venezuela. En Colombia los secuestros por ejemplo bajaban de 2.282 a 282, en Venezuela subían de 64 a 1.200. Mientras en Colombia el homicidio bajaba de 29.000 casos a 15.000, en Venezuela subía de 4.000 a 24.000, y Venezuela es un país que tiene 20 millones de habitantes menos. Hoy en Venezuela hay una gran violencia, pero es una violencia del Estado contra los ciudadanos, y en Colombia es una violencia de los criminales contra la ciudadanía por ausencia de autoridad. Ojalá antes del 30 de julio -fecha de la Asamblea Constituyente- las Fuerzas Armadas de Venezuela obliguen a Maduro a hacerse a un lado y a convocar una elecciones libres, generales y de sufragio universal. Venezuela ha afectado a la seguridad en Colombia. En Colombia hay temor para invertir. Además, los Estados Unidos reiteraban la semana pasada que hay 188.000 hectáreas y la ONU mostró 96.000, pero que en dos años había habido un crecimiento de 47.000.

La ONU anuncia que tiene bajo custodia el 60% de las armas de las FARC y que prevé que la entrega de armas termine el próximo 27 de junio.

La ONU no dijo eso, sino que le han entregado el 40. Quien dijo lo del 60 fue el presidente de la República y la ONU lo contradijo. Hace muchos años se habló de 40.000 armas de la guerrilla, después se hablaba de 19.000. El presidente de la República dijo que tenia 14.000 y ahora que entregarán 7.000 en total. Que han entregado armas es verdad, pero para el desarme total hay razones para la incredulidad. Siempre se dijo, cuando era yo presidente, de que las FARC habían adquirido misiles tierra-aire y de eso no se ha vuelto a hablar. Se habló de 400 escondrijos de armas, luego de 900, más las armas que tienen ELN y FARC en Venezuela.

Me comentó el señor Humberto de La Calle, jefe negociador del Gobierno, que hay riesgo de que los disidentes del acuerdo se dediquen al narcotráfico, pero que el porcentaje no pasa del 1%. Pero usted dijo en ABC que las FARC acababan como guerrilla pero no como cártel. Para usted, ¿el porcentaje es mayor?

Yo no sé el porcentaje ni quiénes, solo que el narcotráfico bajó a 42.000 hectáreas en 2012 y cuando se anunció que, para las FARC, el narcotráfico iría de delito conexo con el político y que no irían a la cárcel, que no se extraditarían a los países requirentes, que además podrían ejercer la política y ser elegidos; cuando el Gobierno aceptó suspender la fumigación y que la erradicación no sería obligatoria sino voluntaria... en ese momento empezó a subir el narcotráfico hasta las cifras astronómicas de hoy. Vemos atentados como el del sábado en Bogotá que no deja a uno decir por el dolor de la nación que toda esta impunidad se ha constituido en un mal ejemplo que lleva a más violencia.

Escándalos

¿Y qué medidas concretas propone para el problema del narcotráfico?

Muchas. Tenemos un plan de muchos elementos: fumigación, erradicación manual obligatoria, programas de sustitución de ingresos, café especial, cacao, palma africana, producción de miel de abejas, otros… Uno de los problemas es que el Gobierno le permite a FARC que se gaste parte de su riqueza en su propia actividad política. ¡Por favor! ¿Cómo que ahora se movilizan 7.000 integrantes del cártel de cocaína más grande del mundo y se les permite utilizar su riqueza ilícita para fines políticos? Esta es una gran amenaza para la democracia colombiana.

Si su partido ganara las elecciones en 2018, ¿respetaría este acuerdo?

Hemos dicho claramente lo mismo de antes del plebiscito: que se modifica. Un plebiscito que el Gobierno desconoció y que creó el grave precedente para la democracia de sustituir el veredicto popular por una proposición del Congreso de la República con el aval de la corte constitucional. Con los guerrilleros de base creemos que hay que darles beneficios, apoyo y protección. Pero hay que revisar el tema de impunidad y elegibilidad política. El país debe tener autonomía frente al terrorismo para definir cómo recuperar la economía y avanzar en las políticas sociales.

¿El escándalo Odebrecht en Colombia abrirá las puertas a empresas españolas?

La necesidad de proceder con transparencia tiene que ser para todas las empresas y funcionarios. Un viceministro de mi Gobierno escogido por recomendación de la Cámara de Comercio de Cartagena, graduado en la Universidad de los Andes y con maestría en la universidad Mason de los EE.UU. recibió soborno de Odebrecht. Eso ha sido un dolor muy grande para mi persona. Cualquiera que ha recibido sobornos tiene que ir a la cárcel. Me parece de la mayor gravedad que no se investigue y que no se sepa todo lo que pasó en las campañas 2010 y 2014 con Santos e incluso a través del periódico ABC quiero pedir que se sepa sobre las reuniones que tuvo él con funcionarios de Odebrecht para definir el tema del aporte a su campaña. Y sobre lo que han dicho del aporte al Canal Isabel II, ahora dijo la campaña de Santos que habían sido funcionarios a título personal. Yo no creo que alguien a título personal dé esa cantidad de sueldos que le dieron a Santos para su campaña.

Usted pidió perdón por Twitter a las madres de Soacha (30 km al suroeste de Bogotá), víctimas de falsos positivos, que lo denunciaron por injurias. ¿Cree que hubo dejadez de su Gobierno en este escándalo?

La norma de mi Gobierno es que todo apareciera a la luz pública. Cuando asesinaron a campesinos en Cajamarca y los hicieron pasar por miembros de las FARC fui el primero que lo reclamé por ese abuso de los militares. Cuando se me informó a finales de 2008 que unos integrantes de las Fuerzas Armadas podrían haber incurrido en aflojar los controles y que eso facilitaba violaciones de Derechos Humanos, tomé la decisión de retirar a esas 27 personas del servicio. En Colombia ha habido casos de violaciones de Derechos Humanos que mi Gobierno enfrentó todas sin indulgencia. Pero también cuando se hablan de falsos positivos, hay que hablar de falsas acusaciones contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Estas han sido democráticas y respetuosas del orden constitucional. No han estado al servicio de las dictaduras, sino de la democracia. Es muy grave que en este acuerdo con el terrorismo se haya puesto a las Fuerzas Armadas de igual a igual con el terrorismo y se les someta a la justicia de las FARC.